La Fiscalía de Valencia ha
denunciado en el juzgado por un delito
medioambiental a doce
«paranyers». El fiscal
formalizó las denuncias la semana
pasada.
El «parany» hasta ahora solo
se perseguía en la provincia de
Valencia por la vía administrativa. El
ministerio público ha optado por la
vía penal tras las condenas que
están imponiendo los jueces de
Castelló. Los cazadores denunciados
son de Ontinyent, Riba-roja y
Massarrojos.
Fuentes de la Ciudad de la Justicia de
Valencia precisaron que el fiscal ha
formalizado diez denuncias (en dos casos hay
dos cazadores acusados) tras recibir los
atestados de la Guardia Civil y de los agentes
medioambientales. Siete casos son de Riba-
roja, dos de Ontinyent y uno de
Massarrojos.
Los doce cazadores han sido denunciados
como presuntos autores del delito 336 del
Código Penal, que prevé penas
de cuatro meses a dos años de
cárcel o multas de ocho a veinticuatro
meses. Además, los condenados
tampoco pueden cazar entre uno y tres
años.
El ministerio público ha optado por
ejercer la vía penal porque quiere que
sean castigos ejemplares, aunque solo
está pidiendo el pago de multas. La
intención final es erradicar por
completo este tipo de caza
indiscriminada.
Jueces de Castelló
Los jueces de Castelló
incrementaron la persecución del
«parany» en 2013 tras una
sentencia del Tribunal Constitucional. El
Consell se situó al lado de los
«paranyers» y permitó 30
«paranys científicos» bajo
la premisa de ser puntos de
investigación de migración de
aves. La resolución autorizó el
uso de pegamentos y el empleo de reclamos
eléctricos para atrapar a las aves. Sin
embargo, considera que la caza mediante el
«parany» sí que es
delictiva porque actúa por igual contra
un tordo que contra un águila
real.
La pasividad de la Generalitat Valenciana
a la hora de perseguir a los
«paranyers» se había
traducido hasta ahora en que a la
Fiscalía de Valencia no llegaba ni una
denuncia. Los agentes medioambientales, que
dependen de la Generalitat Valenciana, se
limitaban a poner multas. Sin embargo, ahora
la unidad del Seprona de la Guardia Civil
adscrita a la Fiscalía está
incoando los procedimientos como delito y
remitiéndolos al fiscal. Tras la
actuación de la Guardia Civil, los
agentes de la Generalitat ya han enviado dos
denuncias, según las mismas fuentes.
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