La práctica del furtivismo
en comarcas del noroeste de Zamora, como
Sanabria, sigue vigente y así lo
demuestran las informaciones y
documentación gráfica
publicadas por este diario durante la
última semana.
Los puestos destinados a los cazadores
furtivos permanecen en pie y se descubren
nuevas actuaciones contra el medio ambiente,
como el bloqueo de los pasos para animales de
la autovía Rías Bajas o los
manantiales cubiertos con cemento para
desviar el cauce natural de los
acuíferos. Los furtivos siguen siendo
una realidad en Zamora, continúan
atentando contra el medio ambiente, poniendo
en peligro también las vidas de los
hombres y mujeres que viven o que transitan
por los espacios naturales donde desarrollan su
actividad ilícita e imponen su propia
ley.
La conocida como España profunda,
en la que anidan restos del lado más
oscuro de la vida en aldeas y pequeñas
poblaciones, sigue alimentando a una
minoría de sus habitantes que
confían en mantener su modo de vida,
a costa de los demás, durante tiempo
indefinido. Una de las desastrosas
consecuencias de la emigración en
masa de las comarcas antes más
pobres de Zamora y en las que hoy pueden
encontrarse florecientes negocios nacidos, por
ejemplo, al calor de la caza, es que los
hábitos trasnochados que debieran
haberse superado con las nuevas generaciones,
perduran: los papeles tradicionales del cacique
y el sometido aún existen en algunos
de esos pueblos como un lastre social
heredado de generación en
generación. Hablamos de localidades
escasamente pobladas, en las que todo el
mundo se conoce entre sí, donde se
palpa un miedo injustificado que impide
denunciar en voz alta determinadas
actuaciones abusivas bajo los pobres y
esclavos argumentos del «siempre fue
así» o «yo a lo mío, que no
quiero líos».
Con la emigración se
acentuó una endogamia tradicional
cuyo fruto más perceptible, a menudo,
es la querencia a «hacer la vista gorda» frente
a actitudes claramente delictivas. Lo admiten
en privado hasta los representantes de la
administración. En los pueblos puede
ser fácil conocer quién quema
el monte y quién sale de noche a por
truchas o a pegar tiros a ciervos y
jabalíes. Pero pocos se
molestarán en probarlo y muchos
menos en decirlo en voz alta.
Esa impunidad de la que se habla cuando
se alude a los casos más sonoros de
corrupción de la vida pública,
entre políticos y personajes de
relumbrón, es el mismo caldo de
cultivo en el que se mueven los furtivos. A
esta situación intolerable solo se le
puede hacer frente con una actuación
decidida, investigación profunda y
aplicación de la ley con todas sus
consecuencias. Lo que entraña, entre
otras cosas, reformar el Código Penal,
pues los castigos rara vez superan la multa
económica, así como agilizar
los procesos judiciales.
Cuatro años se ha demorado el
juicio celebrado el pasado jueves contra un
exguardia civil acusado de furtivismo y
comercializar de forma ilícita carne de
ciervo, para el que las penas solicitadas por la
Fiscalía no pasan de la mencionada
sanción. El mismo tiempo ha tardado
en instruirse la causa abierta contra tres
ganaderos de la localidad de Asturianos, en la
que están imputados, además,
tres guardias civiles del Seprona. Demasiado
tiempo ha transcurrido desde las denuncias
practicadas en 2010. Los jueces decanos tienen
razón cuando reclaman más
medios para poder agilizar las actuaciones
realmente importantes, y casos como este lo
son. La Justicia tendrá que determinar,
a partir del día 15, la responsabilidad
de esas seis personas: tres de ellas por delitos
relacionados directamente con la salud
pública a través de la
comercialización ilegal de carne y el
tráfico de medicamentos para
animales, además de tenencia
ilícita de armas. Los otros tres
agentes, injustos representantes de la gran
labor que habitualmente desarrolla el Seprona,
están acusados de incumplir con su
deber en la persecución de todas esas
acciones que suponen un peligro evidente para
la seguridad y la sanidad
públicas.
A la luz de lo publicado por LA
OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA
durante la semana pasada, es evidente que el
proceso abierto no ha servido de escarmiento y
que sigue existiendo una actividad furtiva que
debe ser perseguida. Con casos como el de
Asturianos resulta evidente que tanto la
Administración como las propias
fuerzas del orden deben extremar la pulcritud
en las imprescindibles tareas de vigilancia y
comunicación de cualquier
irregularidad, ya que la realidad demuestra,
desgraciadamente, que ningún
colectivo, ni siquiera el de mayor prestigio y
honor, está libre de mácula por
minúsculo que sea el que quebranta los
deberes de un servidor público. La
firmeza en las actuaciones de las distintas
instituciones implicadas será definitiva
para que la ciudadanía rompa silencios
absurdos que no son otra cosa sino
cómplices perfectos de posibles
delincuentes.
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