Otro palo trastabilla la marcha hacia el futuro Parque Nacional de Cumbres de la Sierra de Guadarrama, una denominación que, además de justificar su área de protección, es tan largo como el vericueto administrativo que lleva andado y que ahora sufre otro frenazo. En esta ocasión es la Administración central la que estanca el proyecto.
Con la documentación tramitada a día de hoy, parece improbable que la ansiada declaración salga adelante en esta misma legislatura, tal y como pretendían los responsables de la Junta y de la Comunidad de Madrid. Sendos gobiernos a ambos lados de la sierra caminan de la mano desde hace prácticamente diez años por este tortuoso proceso en búsqueda de la figura más adecuada a la custodia de este entorno de formidable riqueza natural y paisajística. Durante este tiempo los dos ejecutivos, ambos gobernados por el Partido Popular (PP), se han topado con los rechazos de grupos conservacionistas, ecologistas, centrales sindicales e incluso fuerzas políticas que han manifestado y registrado su oposición a la propuesta de Parque Nacional que gestaban las administraciones regionales.
El proyecto choca ahora con el Ministerio de Medio Ambiente y de Medio Rural y Marino, que es el que tiene la última palabra para aprobar por ley la figura de protección planteada. En declaraciones hechas a Efe, el director de Medio Natural, José Jiménez, afirma que la iniciativa presentada, y que afecta tanto al territorio castellano y leonés como al madrileño, no responde a las características que debe reunir un espacio merecedor de obtener el grado máximo de protección que contempla la legislación española vigente.
La Dirección de Medio Natural, órgano autónomo encuadrada dentro del Ministerio, coincide en su apreciación con algunas de las quejas que ya pusieron de relieve los colectivos ecologistas. Las discrepancias precisadas por su responsable se refieren a la zonificación del territorio a conservar y los usos permitidos según el Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN) diseñado por Madrid y aprobado por el Gobierno que preside Esperanza Aguirre en noviembre de 2009.
La traba a este documento, clave para la elaboración de un único texto que refunda las regulaciones impulsadas por Castilla y León y Madrid, se suma a la que ya puso Ecologistas en Acción en aras de la defensa del espacio natural serrano. La organización conservacionista recurrió ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid el planeamiento de la Comunidad vecina. Como ya publicó EL NORTE DE CASTILLA, el proceso judicial abierto está en sus inicios, ya que el Ejecutivo de Aguirre remitió el expediente al tribunal, pero faltaba documentación. Ante esta situación, el magistrado solicitó la información necesaria para completar el expediente. El proceso puede alargarse dos o tres años, auguran fuentes de la asociación demandante.
Estrangulamientos
Ecologistas en Acción denunció a finales del año pasado que el proyecto bosquejado por el Ejecutivo de Esperanza Aguirre para Guadarrama «incumple la Ley de Parques Nacionales en diversos aspectos relacionados con la fragmentación, estrangulamientos y la existencia de enclavados, convirtiéndose en el territorio más fragmentado de todos los parques nacionales de montaña existentes».
Precisamente en este sentido van los tiros de la oposición al mapa propuesto que ha hecho pública el director de Medio Natural. En su argumentación, José Jiménez alerta de los citados «estrangulamientos» como amenazas para las zonas bajo protección. Asimismo, el representante observa otro inconveniente en el proyecto tramitado, esta vez relacionado con la inclusión en el espacio de «islas que no sean parte del parque». Con esta denominación ‘insular’ Jiménez hace referencia a los enclaves especiales creados por la Comunidad de Madrid para mantener estaciones de esquí en Navacerrada, Valdesquí y la Bola del Mundo, cuyas áreas se sitúan en el corazón de lo que el PORN señala como Parque Nacional.
Por su parte, el documento sobre el que ha trabajado la Junta de Castilla y León para ordenar la protección de la vertiente norte de la sierra reza que «la propuesta de declaración no establece una nueva regulación de usos y aprovechamientos, remitiéndose a lo establecido en el PORN en el ámbito de la zona de uso limitado de cumbres».
Hace medio año, la consejera de Medio Ambiente y vicepresidenta primera de la Junta, María Jesús Ruiz, acudió Segovia para presentar en público el mapa ideado por el Ejecutivo autonómico. En esa visita recordó que la Ley de Parques Nacionales regulada por el Gobierno central restringe, entre otras actuaciones, «la pesca deportiva y recreativa, la caza deportiva y comercial y la tala con fines comerciales».
Sin embargo, la titular regional matizó que la normativa «permite los aprovechamientos compatibles con el logro de los objetivos del Parque, que se apoyan en derechos consolidados y constituyen una aportación reconocida de valores culturales o ecológicos que no alteren los procesos naturales». En el caso concreto de Guadarrama, el proyecto elaborado por la Junta contempla que «los principales aprovechamientos ganaderos y forestales que se han venido desarrollando tradicionalmente tienen este carácter, y así les es reconocido por el PORN». Al ser preguntada por los periodistas, la consejera tampoco observó en ese momento incompatibilidades entre la declaración de Parque Nacional y la explotación de las pistas de esquí de Navacerrada al ser una actividad estacional que no daña el entorno.
Usos incompatibles
La legislación sobre los parques nacionales a la que alude el director de Medio Natural considera que dentro de estas superficies protegidas no pueden llevarse a cabo aquellas actividades que contradicen el espíritu y naturaleza de tales espacios. Al parecer, las explotaciones de las estaciones de esquí chocan frontalmente con estos requisitos, por lo que la propuesta de Parque Nacional de Guadarrama es ahora mismo inviable.
El Ejecutivo de Esperanza Aguirre ya apostó por convertir Navacerrada en un lugar emblemático del esquí cuando presentó, en mayo del año pasado, el llamado Plan de Recuperación del Puerto. Medio Ambiente insiste en su argumentación en que esta actividad representa un uso incompatible en el emplazamiento nuclear dentro de la superficie por la que se extiende el futuro Parque Nacional.
José Jiménez, en sus manifestaciones a Efe, invita a los gobiernos de Castilla y León y Madrid para que busquen una iniciativa «más ambiciosa» en cuanto al área reservada para la protección, la cual debe definir un «perímetro lo más cerrado posible». Por el momento, el proyecto es «mejorable», apostilla, por lo que el director ve complicada la posibilidad de que la sierra de Guadarrama sea declarada Parque Nacional en lo que resta de la presente legislatura.
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