El nuevo texto, listo antes de
junio de 2015, contempla que el cupo sea del
18% y no del 10% donde más ataques
se registren. Incluye el aumento de las
indemnizaciones, pero los ganaderos quieren
que la administración asuma los
daños en todo el territorio. Los grupos
ecologistas se oponen a pensar solo en la caza
como modelo de gestión.
El nuevo plan de gestión el lobo
sigue su tramitación y la Junta espera
que, antes de junio de 2015, esté listo
para entrar en vigor. Pero las negociaciones
están registrando la postura
encontrada de los ganaderos y los grupos
ecologistas en una materia muy concreta: el
control del número de ejemplares a
base de su caza.
Este miércoles se ha celebrado la
reunión del Comité de
Seguimiento del Plan de Conservación
y Gestión del Lobo de Castilla y
León, en el que la el director general
de Medio Natural, José Ángel
Arranz, ha informado sobre el estado de
tramitación del decreto que
prevé la modificación del actual
Plan de Conservación y Gestión
y que verá la luz durante 2015,
previsiblemente, antes de mitad de
año.
La Junta tramita desde hace tiempo este
cambio normativo para adaptarse a las
sentencias judiciales de Europa en las que se
corrobora que, por el momento, el lobo es
especie protegida al Sur del Duero, donde es
más escaso; y cinegética, que
se puede cazar, al Norte del río. Sin
embargo, en las últimas semanas se
han conocido los datos del nuevo censo del
lobo que ha elaborado la propia Junta y que
confirman el aumento de ejemplares. Un
crecimiento que ha sido generalizado: el lobo
ha ganado terreno en todas las provincias.
Según el censo son 1.600 ejemplares y
179 manadas, un 20% más que hace
diez años, lo que confirma su
expansión.
Esta situación no agrada a los
ganaderos y así lo ha hecho saber la
organización agraria Asaja, que
considera que la Junta «cumple» sus objetivos
de conservación del lobo pero no del
medio de vida y del trabajo de los ganaderos,
que se ven «obligados» a «soportar» los
daños que causa o abandonar su
actividad. Los ganaderos «no quieren seguros,
sino que la Junta asuma en todo el territorio
regional los daños como patrimoniales,
valorándolos en su justa medida –
incluyendo el lucro cesante- y pagando las
indemnizaciones en plazos razonables». Con la
nueva ley, la Junta asumirá las
indemnizaciones allí donde el lobo es
especie protegida.
Pero los ganaderos no se conforman con
que la Junta aumente las indemnizaciones,
algo que está previsto en la nueva
normativa: quieren que se actúe en las
zonas donde más ataques se producen.
Algo que es posible. La nueva normativa
introduce la posibilidad de aumentar los cupos
allí donde se producen más
ataques. Según su artículo 17,
al Norte del Duero, donde es especie
cinegética, «el aprovechamiento
cinegético no superará, con
carácter general, el 10% de la
población, estimada ésta a
partir del censo de manadas». No obstante,
introduce una excepción: «En las
comarcas con mayor dotación de
medios de vigilancia, así como en
aquellas con una mayor siniestralidad por
daños a la ganadería, el
aprovechamiento cinegético
podrá incrementarse hasta el 18%».
Según los últimos datos de la
Junta, durante el año 2013 se han
registrado 813 ataques, con el resultado de
1.016 de cabezas de ganado menor y 610 de
ganado mayor muertas en toda la
Comunidad.
El cupo para 2014-2015 es de 140
ejemplares para un período que abarca
hasta febrero del año que viene. Sin
embargo, los ganaderos exigen que esos cupos
se agoten. Para la organización uno de
los mayores problemas es que hay zonas,
precisamente en las que los ataques del lobo
son más numerosos y graves, en las
que no se cumplen los cupos de
aprovechamiento cinegético, ya que de
los 140 lobos autorizados «apenas se caza la
mitad, algo que es urgente corregir». El
cumplimiento del cupo y su aumento en zonas
de más ataques podría ser
decisivo.
Sin embargo, esta solución no
satisface a las organizaciones ecologistas.
WWF, presente en el Comité de
Seguimiento, acusan a la Junta de olvidarse de
métodos de gestión diferentes
al de la caza. En su caso, apuestan por la
prevención y los pagos de los
daños como principal herramienta de
gestión de la especie para garantizar la
coexistencia. “Este enfoque está
siendo prácticamente abandonado por
la Junta de Castilla y León, que ha
optado en vez de ello por reducir su
gestión a matar lobos”,
denuncian
Entre sus propuestas, la inclusión
de medidas de prevención de
daños, la creación de un grupo
de trabajo específico con los ganaderos
para avanzar en la coexistencia, un Plan de
Apoyo a la ganadería extensiva y la
regulación y promoción del
turismo de lobos como alternativa para zonas
rurales. Además, las ONG reclamaron
en la reunión un mayor esfuerzo y
contundencia de la administración a la
hora de perseguir el furtivismo que afecta a la
especie y que se repite cada año en
determinadas áreas.
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