La Comisión de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca para el estudio del proyecto de Ley de Caza retomó ayer a puerta cerrada la mesa de negociaciones en el Parlamento Vasco con el objetivo de consensuar un texto común que resuelva la brecha abierta entre los cazadores y los sindicatos agrarios y baserritarras, cuyas posturas se mantienen, a día de hoy, sensiblemente alejadas.
Una vez que los trabajos de ponencia de los grupos parlamentarios y de los agentes que han participado en las negociaciones lleguen a su fin, se procederá a un dictamen final que estará compuesto por las distintas versiones recogidas en el proyecto y que servirán de base para presentarlas en Pleno para su posterior votación. Sin embargo, hasta que el proceso se sitúe en este punto, la futura de Ley de Caza deberá sortear previamente las reivindicaciones que tanto la Asociación de Defensa de la Caza y Pesca (Adecap) como los distintos grupos ecologistas, baserritarras y los sindicatos agrarios han puesto sobre la mesa.
Y es que, a falta de que se conozcan más detalles sobre este proyecto de Ley de Caza, ambos colectivos ya han advertido en reiteradas ocasiones que cualquier rechazo a sus principales demandas se traducirá en las correspondientes protestas y movilizaciones ciudadanas.
La cara visible de las más de 100.000 personas que disponen de una licencia de caza en Euskadi, José Antonio Sarasketa, presidente de la Asociación de Defensa de la Caza y Pesca (Adecap) y de la Oficina Nacional de Caza (ONC), ya advirtió de que el principal requisito que debería recoger la futura ley era un «reconocimiento» y un «respeto» a la figura del cazador vasco, por lo que instó al Ejecutivo de Patxi López a regular y «no a prohibir» como ya sucediera, entre otras cuestiones, con la contrapasa.
Duplicar algunas distancias de seguridad vigentes, vedar zonas libres inferiores a cien hectáreas seguidas, denominar días de fortuna por heladas, la clasificación de las infracciones -dependiendo de la gravedad de la misma las sanciones económicas oscilarían entre 600 y 6.000 euros- o las distancias sobre las que está prohibido disparar en áreas habitadas -que podrían alcanzar incluso los 200 metros- son las principales quejas que recoge este colectivo.
priorizar la seguridad Por su parte, la seguridad sigue siendo uno de los elementos principales sobre el que pivotan las peticiones de los sindicatos agrarios, baserritarras y grupos ecologistas, que se muestran partidarios de las principales bases que recoge el documento. «No tenemos más que volver a respaldar el proyecto de Ley de Caza porque entendemos que, sin ser nuestro proyecto de ley, sí consigue mejorar ostensiblemente la situación actual de desamparo que padecen los baserritarras y habitantes del medio rural frente el exceso de algunos escopeteros, minoritarios dentro del colectivo de cazadores, y mejora también el tratamiento que se les da a los baserritarras como propietarios de las fincas y bosques donde se desarrolla la actividad cinegética», argumentaban tajantes desde el sindicato agrario Enba.
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