El pleno de las Cortes de
Aragón ha rechazado este jueves, con
los votos en contra de PP, PSOE y PAR y la
abstención de CHA, una enmienda a la
totalidad presentada por IU al proyecto de Ley
de Caza de la comunidad, con lo que el texto
legislativo continúa así su
trámite parlamentario.
El consejero de Medio Ambiente,
Agricultura y Alimentación, Modesto
Lobón, ha presentado ante el Pleno de
la Cámara el proyecto de ley, que
tiene como objetivo principal regular el
ejercicio de esta actividad en armonía
con la gestión, protección,
conservación, fomento y ordenado
aprovechamiento de los recursos
cinegéticos y del medio natural.
Además de procurar que la
legislación ambiental sea más
clara, precisa y eficaz y alcanzar una mayor
seguridad jurídica, siempre teniendo
muy en cuenta que un desarrollo
armónico de la actividad
cinegética puede constituir un recurso
socioeconómico de gran importancia
capaz de apoyar la actividad rural con la
producción de rentas y puestos de
trabajo.
Lobón ha explicado que la ley
propicia el relevo generacional; resuelve el
problema de los accidentes de tráfico y
daños a la agricultura y
ganadería causados por las especies
cinegéticas; favorece la
conciliación de los intereses
agrícolas y los cinegéticos, y
agiliza la gestión de los cotos.
Como novedades, se simplifica la
tipología de las áreas de caza
(ya no existirán cotos de caza mayor y
de menor, sino solo uno), reduce los requisitos
para la obtención de licencias y
establece un reparto de los ingresos obtenidos
por la utilización de los cotos entre el
Gobierno de Aragón y los
ayuntamientos.
Éstos últimos
podrán disponer libremente de los
fondos, mientras que el ejecutivo
deberá utilizarlos para reinvertirlos en
la reserva de caza correspondiente.
Alegaciones de Izquierda Unida
Miguel Aso, de IU, ha defendido los
motivos que han llevado a su grupo
parlamentario a presentar una enmienda de
devolución, el principal que el proyecto
de ley no parte de la realidad de la
situación biológica de los
animales y, por lo tanto, provocará una
«caza insostenible» con daños a las
propias especies cinegéticas pero
también a otras de la cadena
trófica.
Así, ha lamentado que el texto
tenga más en cuenta los intereses de
la Federación de Caza de
Aragón que los generales de la
comunidad y la necesidad de velar por la
conservación del medio
ambiente.
Aso ha enumerado, además, como
«sinsentidos» que se permita empezar a cazar
a los 14 años y que se autorice la caza
en algunos lugares de espacios
protegidos.
Por parte de CHA, Joaquín
Palacín ha indicado que su
abstención se debe a que la ley no
gusta a su grupo parlamentario pero sí
que estima que la actividad cinegética
tiene una «importancia clara» para el medio
rural aragonés y por eso es necesario
regularla.
A su juicio, son necesarias mejoras en
aspectos como la compatibilización de
la caza con otras actividades, garantizar el
papel de los ayuntamientos en la
regulación y mejorar la forma de
abordar los daños causados por los
animales.
El diputado socialista Alfonso Vicente, por
su parte, ha reconocido que la ley es «bastante
continuista» con la que promulgó el
PSOE, y ha alabado que tenga avances en la
prevención de accidentes de trafico y
en el pago de daños agrícolas,
que no deben de recaer todos sobre los
cazadores, y en la mejora de las zonas de
seguridad.
Ha recordado además que la caza
genera un impacto económico de entre
70 y 100 millones el año en
Aragón.
Miguel Ángel Lafuente (PP), por su
parte, ha recriminado a IU que su objetivo sea
«prohibir la caza», algo que no
aceptarían los habitantes de zonas
como los Pirineos, Albarracín o los
Montes de Beceite, al tiempo que ha
considerado «radicalmente falso» que no se
tenga en cuenta en el texto la realidad
biológica de las especies.
Por eso, ha mostrado «todo el respeto del
mundo» a los animales, pero también
al ser humano, puesto que la caza «crea
empleo y potencia el territorio»,
además de generar recursos para los
ayuntamientos.
El diputado del PAR Manuel Blasco ha
recordado que las más de 60.000
licencias de caza que existen en Aragón
indican que ésta es una importante
actividad económica a la que la
comunidad «no puede renunciar».
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