El PP abre la puerta a cazar en
los parques nacionales. El grupo popular
presentó anoche, en el último
momento (tal y como temían los
grupos ecologistas), una enmienda al proyecto
de ley de parques nacionales que se discute en
el Senado, de modo que la caza podrá
continuar en el parque nacional de
Cabañeros, en donde había una
fuerte presión de los propietarios de los
terrenos para continuar la actividad
cinegética, e, incluso podría
desarrollarse en otros parques nacionales.
Las enmiendas dejan sin efecto la
prohibición de determinadas
actividades en los parques nacionales
establecida en la ley de parques nacionales del
año 2007, que daba un plazo de 10
años para la erradicación de la
caza (y otras actividades) en estos
enclaves.
En la práctica, en la mayor parte
de parques nacionales, en estos años,
se ha abandonado la caza para fines
comerciales, pero no en Cabañeros; han
continuado las monterías, y sus
propietarios reclamaban que se eliminara la
limitación, que ponía fin a las
cacerías en el 2017.
Las enmiendas del PP señalan que
quedan sin efecto los artículos 6 y 7 de
ley de parques nacionales, de manera que
estas prohibiciones a la caza comercial no
regirán hasta que no se alcance un
acuerdo voluntario entre las administraciones y
los propietarios de esos terrenos en donde se
practica la caza, o se dé un rescate o
una indemnización por los derechos
históricos de caza.
«Las administraciones públicas
promoverán la celebración de
acuerdos voluntarios en los casos en que la
adecuación afecte a derechos de
terceros. En estos casos, los plazos anteriores
se entenderán prorrogados hasta la
celebración de dichos acuerdos o la
aplicación de cualquier otro
procedimiento para el rescate de los
correspondientes derechos”, dice la
enmienda 278
«La enmienda 278 plantea, sencillamente,
la no entrada en vigor del régimen
jurídico de protección de un
parque nacional hasta que el propietario titular
de los terrenos no lo decida. Se trata, por
tanto, de un hurto genérico del
interés general declarado en la ley que,
de esta forma, queda sencillamente
invalidado. A partir de la nueva ley no hay
normas derivadas de un parque nacional, que
se limita a ser un mera marca, no
precisamente de calidad», dicen los cinco
grandes grupos conservacionistas.
Los grupos ecologistas interpretan que la
enmienda ampara cualquier derecho real que
pueda existir en el futuro sin ningún
tipo de limitación. «La
modificación presentada por el grupo
popular incumple todos los principios de
interés general y relega la
primacía de lo público y el
interés por la conservación. Ya
no hay ningún lugar en el territorio
nacional en donde conservar el patrimonio
natural sea el máximo fin. Los parques
nacionales no ocupan ni el 1% del territorio. Es
lamentable que un Estado no sea capaz de
mantener a salvo de la explotación ni
siquiera esa ínfima porción de
su territorio», señalan las cinco grandes
organizaciones de conservación de la
naturaleza en España (Amigos de la
Tierra, Ecologistas en Acción,
Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF).
Cabañeros y las presiones
El partido de Mariano Rajoy justifica la
prórroga en la “seguridad
jurídica” de los propietarios
privados, como ya hizo con la nueva Ley de
Costas, en la que se introdujeron
también enmiendas en el
último momento para consolidar
núcleos precarios en primera
línea de mar.
De esta manera, podrán continuar
las monterías en fincas privadas dentro
de parques nacionales como el de
Cabañeros, donde poseen propiedades
empresarios como Alberto Alcocer y el naviero
Alejandro Aznar, marido de Mónica
Oriol, presidenta del Círculo de
Empresarios.
“Nos temíamos una
excepción para seguir cazando en
Cabañeros, pero las enmiendas son
más globales. Ahora se abre la puerta
a seguir cazando. Es un pésima
noticia”, dice Theo Oberhuber, de
Ecologistas en Acción. Esta
organización atribuye todo estos
cambios legales a la presión de
grandes empresarios
Este asunto ya fue abordado hace unos
días en la reunión que
mantuvieron los ecologistas y la ministra de
Agricultura, Isabel García Tejerina. La
ministra dijo en la reunión que
había que reconocer la
contribución de lo propietarios
particulares en la conservación de los
parques nacionales, lo que no
tranquilizó precisamente a sus
interlocutores.
Sin embargo, Juan Carlos del Olmo,
secretario general de WWF,
señaló que si se permitiera la
caza comercial indefinidamente en el parque
nacional de Doñana existe el riesgo de
que la Unión Internacional para la
Conservación de la Naturaleza retirara
el reconocimiento de la máxima
categoría o figura de protección
(el parque nacional) concedida a este
espacio.
“La red de parques nacionales, las
15 joyas de la naturaleza española con
un siglo de historia, van a perder su estatus de
máxima protección si salen
adelante las enmiendas que el Grupo
Parlamentario Popular presentó ayer,
lunes 20 de octubre, en el Senado, durante la
tramitación del proyecto de Ley de
Parques Nacionales. La prohibición de
actividades como la caza, la pesca, las
actividades de explotación forestal
masiva y un largo etcétera queda
supeditada a la voluntariedad de los
propietarios o a la indemnización, de
forma que la protección de los parques
se ve gravemente amenazada”,
valoraron las cinco grandes organizaciones de
conservación de la naturaleza en
España (Amigos de la Tierra, Ecologistas
en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y
WWF).
Todas ellas consideran que el proyecto de
Ley debilita la cohesión y fortaleza de
la red y destruye las herramientas de
conservación de cada espacio.
“Tras presentar un mal proyecto de
Ley en el Congreso de los Diputados, el
Partido Popular ha aprovechado ahora el paso
por el Senado para colar una serie de
enmiendas que empeoran todavía
más el texto legal. Las enmiendas dan
amplio margen de maniobra a los titulares de
derechos particulares para que puedan
practicar actividades de todo tipo en estos
espacios protegidos”,
añaden.
El temor de los grupos ecologistas era que
el grupo del PP introdujera una enmienda para
permitir la caza comercial en Cabañeros
más allá del 2017. El Gobierno
ya ha recurrido a esta fórmula
(enmiendas en el último momento) en
la modificación de otras leyes de
carácter medioambiental, «para reducir
la capacidad de respuesta de la
oposición», según los grupos
ecologistas.
Amigos de la Tierra, Ecologistas en
Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y
WWF consideran que la Ley de Parques
Nacionales es una pieza angular del sistema de
protección de la naturaleza en
España y no conciben que sea puesta en
peligro para favorecer intereses privados. Por
eso, piden al Partido Popular la retirada de
esta ley y solicitan al resto de partidos la
repulsa absoluta a esta propuesta. En defensa
del bien común, movilizarán a
la ciudadanía para evitar que el
patrimonio de todos, dicen, sea puesto en
manos del interés de unos pocos.
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