La parte asturiana del Parque
Nacional de los Picos de Europa, a diferencia
de la cántabra y la leonesa, es la
única en la que la caza no está
permitida.
Esta situación excepcional
podría prolongarse si sale adelante la
enmienda al proyecto de Ley de Parques
Nacionales presentada por el Grupo Popular
para borrar el actual límite de 2017
para la caza deportiva dentro de estos espacios
protegidos. El objetivo de las enmiendas
presentadas es, según el PP, el de
clarificar la situación que afrontan los
ayuntamientos y propietarios de terrenos
incluidos en estos espacios protegidos.
La diputada regional Victoria Delgado,
directora del Parque Nacional de Picos de
Europa en el periodo comprendido entre 2000 y
2004, defiende la necesidad de que «no prime
un proteccionismo a ultranza». En este sentido,
Delgado asegura que «en los Picos hay
residentes locales que conviven con la
naturaleza y tienen el mismo derecho que el
resto de asturianos a buscar su desarrollo
económico».
En este sentido aseguró que «la
actividad económica no se prioriza
sobre la conservación, sino que se
compatibiliza porque el factor clave es
conseguir, como hasta ahora, la coexistencia
de ambas».
«Habrá zonas en las que se
permita la construcción de
pequeñas infraestructuras como
abrevaderos», matizó. Y siguiendo la
misma línea que el secretario de
Estado de Medio Ambiente, Federico Ramos,
pidió «prudencia para esperar el
resultado final de una ley que todavía
no está aprobada», ante las
críticas.
Críticas que vienen de los partidos
de la oposición y los ecologistas. «Si la
caza se consolida en la parte leonesa es
probable que los propietarios de fincas
ubicadas dentro de los terrenos del Parque
Nacional de Picos de Europa reclamen un
tratamiento similar», advirtió ayer el
senador de IU por Asturias Jesús
Iglesias, quien criticó además
la reforma de la ley de Parques Nacionales que
se encuentra en tramitación al
entender que «pervertirá el concepto de
estos espacios para convertirlos en parques
temáticos naturales y abre la puerta a
proyectos de urbanización en Picos de
Europa».
El senador afirmó que «el PP
pretende hacer rentables, como sea, los
parques nacionales y, para ello, promueve las
actividades económicas que se
desarrollan en los mismos aunque ello ponga
en riesgo la conservación».
Recordó que la reforma, que afecta a
los 15 espacios protegidos de este tipo que
existen en España, «conllevará
la introducción de actividades
económicas letales para la
protección de la fauna y la
flora».
Desde las principales ONG ecologistas
como Amigos de la Tierra, Ecologistas en
Acción, Greenpeace, Seo/BirdLife y
WWF ven con preocupación que las
enmiendas presentadas en el Senado por el PP
«propicien que la prohibición de
actividades como la caza, la pesca o la
explotación forestal masiva queden
supeditadas a la voluntad de los propietarios o
a la indemnización» y por eso piden su
retirada.
A su juicio, la enmienda más
preocupante, la 278, plantea «sencillamente la
no la entrada en vigor del régimen
jurídico de protección de un
parque nacional hasta que el propietario titular
de los terrenos no lo decida». Se recoge que
las administraciones públicas
«promoverán la celebración de
acuerdos voluntarios» para que los propietarios
de cotos de caza sean indemnizados a cambio
de renunciar a su actividad. Además,
«los plazos anteriores (2007) se
entenderán prorrogados hasta la
celebración de dichos acuerdos»,
dejando la puerta abierta a que los propietarios
elijan libremente entre la caza y la
indemnización cuando lo estimen
oportuno, dicen los conservacionistas. Por ello,
aseguran que la enmienda ampara cualquier
derecho real que pueda existir en el futuro «sin
ningún tipo de limitación y si
mañana aparece petróleo en
Doñana, se podrá explotar; y si
pasado mañana un Ayuntamiento
recalifica medio Picos de Europa, se
podrá urbanizar».
El 2 de diciembre termina el plazo para la
tramitación del proyecto de ley en el
Senado y luego volverá al Congreso de
los Diputados.
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