La cruzada cinegética en contra del nuevo reglamento de armas que tramita el Ministerio de Interior tiene un nuevo aliado. El Partido Popular ha mostrado su apoyo a los cazadores, que tildan de «intervencionista y restrictivo» el texto que tramita el Ministerio de Interior, y ha presentado una proposición no de ley en el Congreso de los Diputados en la que insta al Gobierno a que atienda las reclamaciones del sector en defensa de sus legítimos intereses.
El polémico texto del Ministerio ha generado ya una avalancha de alegaciones contra varios artículos por parte de la Real Federación Española de Caza (RFEC), la Asociación Armera y la Oficina Nacional de la Caza, a los que se ha unido el PP. «Hemos hecho saber al Gobierno nuestro malestar por la redacción intervencionista de muchos de los artículos del reglamento que se quiere aplicar a cazadores y tiradores», asegura Teófilo de Luis, diputado popular.
«No creo que exista un reglamento al que se le hayan presentado tantas alegaciones y sea tan ajeno a la realidad como éste», lamenta el presidente de la RFEC, Andrés Gutiérrez Lara. En este sentido, los populares han denunciado que el Ejecutivo ha sumido en la inseguridad a los cazadores españoles —«uno de los más numerosos e importantes en la economía rural de este país»— y exigen una solución inmediata. «Que a nadie le quepa la menor duda que, cuando nosotros gobernemos, cambiaremos tanto la ley de patrimono Natural (que motivó una gran manifestación de cazadores en Madrid) como este reglamento de armas», anunció De Luis.
Armas que serán ilegales
Más de un millón de armas ilegales. Es la consecuencia que, según los cazadores, provocará el nuevo reglamento. Pero no son las únicas quejas del sector. Respecto a la intención de aumentar la edad mínima para el uso de armas de caza, considera que se destruirá la cantera «porque pocos serán los jóvenes que, si no se inician antes, se comiencen a interesar por esta actividad a los 16 años».
Mientras el Gobierno argumenta que el reglamento pretende armonizar nuestra norma con los países de la UE, los cazadores responden que en ningún estado existe un texto tan restrictivo y prohibitivo.
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