El Grupo Socialista pidió
ayer la devolución del proyecto de la
Ley de Montes al considerar que el Gobierno
ha seguido un «plan sistemático
de reforma legal para la privatización,
mercantilización y precarización
del medio ambiente».
La enmienda a la totalidad de
devolución del proyecto de Ley de
Montes, presentada en el Congreso,
señala que se trata de «otra Ley
que va en la dirección contraria a la
que debiera», en la que «el
sentido de la reforma resulta
equivocado», según un
comunicado remitido por el grupo
parlamentario socialista.
La portavoz de Medio Ambiente del Grupo
Socialista en el Congreso y Secretaria Federal
de Cambio Climático y Sostenibilidad,
Pilar Lucio, criticó que «el
Gobierno privatiza y degrada los bienes
públicos ambientales» y que el
Partido Popular «desprotege nuestro
patrimonio natural en beneficio de unos pocos
poderosos y privilegiados».
Además, denuncia «el
menosprecio de lo público» y ha
recordado que «introducen la
gestión privada en los
montes».
El Grupo Socialista considera
«inaceptable el menosprecio» a la
autoridad de los agentes forestales o agentes
medioambientales que contempla la nueva
normativa y alerta que «si se aprobase
este Proyecto de Ley se dificultaría
enormemente su actuación de denuncia
de delitos».
También recuerda que la
Comunidad de Madrid ya trató de
eliminar el carácter de agente de la
autoridad de los agentes forestales en la
legislación autonómica,
«algo que el Tribunal Constitucional
impidió, anulando esa
norma».
Por último, insiste en que otra
cuestión «completamente
imposible de justificar» es la posibilidad
de recalificar terrenos incendiados: «que
la quema de un bosque pueda tener como
consecuencia a medio plazo la
urbanización de esos terrenos
quemados, supondría dar alas a los
delincuentes y especuladores».
Rechazo
La ley también ha recabado el
rechazo de colectivos como los agentes
forestales, los sindicatos, la Unión de
Fiscales Progresistas y organizaciones no
gubernamentales de carácter
medioambiental. Así, estas
últimas critican que supone la renuncia
a los planes de gestión forestal, la
degradación de los agentes forestales a
meros auxiliares o la mayor permisividad para
cambiar de uso terrenos quemados.
Además, consideran que el texto
está «desequilibrado» y
falla a la hora de integrar una mejora de la
gestión forestal y las salvaguardas
necesarias para que dicha actividad sea
positiva para los servicios ambientales que
llevan a cabo los ecosistemas forestales, la
lucha contra los incendios forestales y el
desarrollo rural.
A su juicio, los redactores del proyecto
«han cedido finalmente a los intereses
de algunos grupos de presión»,
cazadores y sector papelero, por lo que el
texto presentado podría identificarse
más con una ley de aprovechamientos
forestales y cinegéticos, lejos de una
concepción moderna de la
gestión de los recursos
forestales» ha declarado uno de los
portavoces.
El proyecto de Ley es «fiel» a
la política medioambiental del
Gobierno como la Ley de Costas o la de
Parques Nacionales ya que se propone la
desregularización de los
aprovechamientos forestales y apuesta por los
intereses privados frente a los
públicos.
Por su parte, el colectivo de agentes
medioambientales y forestales de
España expresó su
indignación y preocupación por
el contenido del Poryecto de Ley de
modificación de la Ley de Montes
porque limita su condición de
policía judicial, lo que creen que
conllevará una «grave
desprotección» del medio natural
en contra del interés
público.
A juicio del colectivo, estas modificaciones
serán un retroceso con respecto a la
normativa anterior y denuncian que el objetivo
del Gobierno con la nueva norma es
«regular a su antojo y de manera lesiva
para el medio natural de nuestro país
en materias tan variadas como la caza, la
ordenación del territorio y el urbanismo
permitiendo que se construya en terrenos
incendiados.
Respecto a su actividad, denuncian que en
la propuesta nueva Ley de Montes
pasarían de ser Cuerpos independientes
a ser Auxiliares de las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad.
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