La Sala de lo Contencioso
Adminsitrativo del Tribunal Superior de Justicia
(TSJ) de Castilla y León ha anulado el
Decreto 83/1998, que desarrolla la Ley de
Caza de Castilla y León en lo que se
refiere a la gestión de las reservas
regionales de caza.
Ecologistas en Acción (EA)
—promotora del recurso—
celebraba ayer la sentencia como «el
enésimo varapalo judicial»
contra la normativa ambiental de la
Administración autonómica,
frente a la lectura distinta que realizaba la
Consejería de Fomento y Medio
Ambiente, que destacaba ayer que el tribunal
«no entra a valorar el fondo» de
la norma y la anula «por un aspecto
formal», en concreto, el deficiente plazo
en el que el decreto estuvo expuesto al
público antes de su aprobación.
Desde el gabinete de prensa de Fomento y
Medio Ambiente se anunció ayer un
recurso contra el fallo.
La organización conservacionista
señaló en un comunicado de
prensa que «la incorrecta
realización del trámite de
información pública fue el
argumento que ha hecho suyo el
tribunal» de los que aducía en su
recurso para anular el decreto,
«imponiendo las costas a la
Administración
demandada».
EA subrayó que el preceptivo
trámite de audiencia «fue menor
de los 15 días establecidos por la
norma», sin que en el juicio se motivara
la necesidad y urgencia de acortar tales plazos,
ni tampoco «graves razones de
interés público» que
justificasen reducir el periodo de
exposición al público.
Mientras la Junta señala que el fallo
no afecta a la actual temporada de caza, los
ecologistas aseguran que la regulación
de la gestión y aprovechamiento de las
reservas regionales de caza «queda sin
soporte jurídico y al margen de la ley
si entran en contradicción con el
Decreto 83/1998», que anuló en
su momento la normativa objeto del
contencioso. «También quedan
en situación de ilegalidad» las
autorizaciones que Medio Ambiente
«otorga de forma sistemática
para poder cazar en las vías y caminos
de uso público, en las vías
pecuarias y en otras zonas donde por seguridad
se limitaba la caza por ser un peligro para las
personas y por coartar el derecho de libre
circulación por zonas de uso
público».
La organización insta al consejero
de Fomento y Medio Ambiente a que adopte
medidas, «en especial la
remoción de cargos», de forma
que la normativa en materia cinegética
elaborada por la Junta «respete la
legalidad» y observe «los
principios de participación ciudadana y
transparencia».
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