Federación Sectorial Armera. Este jueves está previsto la realización de un pleno de las Cortes de Castilla la Mancha, en el que se debata la de modificación de su actual Ley de Caza, y su sustitución por un nuevo texto, que al parecer han consensuado los socialistas con sus socios de gobierno podemitas.
Esta modificación es rechazada de plano por la Mesa de defensa de la Caza de CLM, que agrupa a las principales asociaciones del sector cinegético regional ( Federación de caza de CLM, APROCA CLM, ATICA CLM, ATICA Guadalajara, ASAJA, ASICCAZA, Federación de galgos de CLM) tal como han manifestado hoy en una nota de prensa, que desde la FSA compartimos.
De las razones que argumentan en su nota de prensa, desde la Federación Sectorial Armera, queremos poner el acento en la nueva prohibición expresa del calibre 22, que había sido eliminada en el actual texto, e incluso ahora dan un paso más en la mala dirección, prohibiendo cazar además con todos los calibres inferiores a este, como es el caso del 17 HMR, tan de moda.
Se intenta justificar que la prohibición de estos calibres es por su poca capacidad de muerte rápida en las piezas de mayor tamaño, lo que provocaría un gran sufrimiento en las piezas de caza mayor.
Sin embargo, se oculta que en la actualidad esos calibres no se piden su uso sobre especies de caza mayor, si no sobre algunas de caza menor, respecto de los que si tienen gran capacidad de muerte sin sufrimiento.
Estos calibres son de gran utilidad para la gestión cinegética, sobre todo para un efectivo control de predadores, sin necesidad de recurrir a otros sistemas que exigen una previa captura en vivo y su posterior sacrificio, que estresan más a la fauna objetivo.
Además su limitada detonación del disparo limita el estrés del resto de la fauna no objetivo, lo que contribuye al bienestar animal.
Su posible uso para el furtivismo podría ser suficientemente atacado estableciendo un agravante específico para cuando las infracciones sean cometidas con estos calibres menores.
La Federación Sectorial Armera lamenta que se limiten los derechos de los cazadores sólo por concesión a las reclamaciones absurdas e infundadas del ecologismo radical.
Asimismo considera que el uso de argumentos falsos es el indiscutible reconocimiento de la irracionalidad de esta prohibición.
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