Propietarios de terrenos,
ingenieros de montes y alcaldes, a favor.
Agentes medioambientales, técnicos
forestales, sindicatos, oposición (PSOE,
IU, Podemos, UPyD, Equo, Pacma) y
organizaciones ecologistas, en contra.
La modificación de la Ley de
Montes impulsada por el ya exministro Miguel
Arias Cañete ha conseguido dividir en
dos bandos a todas las partes interesadas del
sector forestal español. El consenso
parece difícil a corto plazo.
Los cambios que se pretenden aprobar
afectan a las actividades económicas
que se desarrollan en más de la mitad
de la superficie de España. Un terreno,
el de los montes y bosques españoles,
al que le quedan aspectos por mejorar,
especialmente en materia de
conservación y mantenimiento. El texto
presentado este mes en el Congreso de los
Diputados poco tiene que ver con el que se
sometió a debate público el
año pasado, y supone un antes y un
después en la independencia de los
agentes medioambientales, el futuro de los
terrenos afectados por incendios, la
tramitación de las licencias de caza y
la falta de impulso a los planes de
gestión sostenible de los bosques.
Precisamente los cuatro caballos de batalla que
enfrentan a vigilantes y vigilados. El
Confidencial ha recopilado los distintos puntos
de vista.
Luis Díaz, presidente de la
Asociación Española de Agentes
Forestales y Medioambientales (Aeafma): en
contra
La modificación de la ley, «otra
ocurrencia más del Partido Popular»,
es, por encima de todo, «el mayor atentado
que ha tenido el cuerpo de agentes
medioambientales en los últimos 140
años», afirma Díaz. El texto
planea subordinar a este colectivo de 6.500
funcionarios a las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado –presumiblemente
al Seprona de la Guardia Civil– y
rebajarlos a la categoría de ‘auxiliares’.
Este hecho impedirá que los agentes
investiguen delitos medioambientales, lo que a
juicio del presidente de Aeafma, es «atarnos
de pies y manos».
«Lucharemos sin cuartel en unidad de
acción para que no salga adelante esta
ley, que va contra los ciudadanos, contra el
patrimonio medioambiental y contra un
colectivo de funcionarios de 140 años de
historia», adelanta Díaz. El presidente
de Aeafma recuerda que la sala coordinadora
de Medio Ambiente de la Fiscalía
General del Estado felicita año tras
año la labor como policía judicial
del colectivo [vea el documento aquí].
Sin embargo, «parece que somos molestos
para el Gobierno».
Santiago Arévalo, presidente de la
Red Española de Municipios Forestales:
a favor
El también alcalde de Enguera
(Valencia) considera «positiva en general» la
propuesta de cambio legislativo, «aunque
podría haber sido mucho mejor la ley
en lo relativo a la titularidad de los terrenos»
–dice– y destaca los cambios
burocráticos en la gestión
forestal, ya que, a su juicio, simplifican mucho
«el papeleo». La creación de empresas
mixtas entre el empresariado forestal y los
propietarios de montes –las llamadas
sociedades forestales– supone
además desbloquear el abandono del
bosque.
Por otro lado, que con la ley vigente
exista la prohibición de un cambio de
uso del terreno en los 30 años
posteriores a un incendio es «un agravio»,
asegura, para los municipios. «Somos personas
adultas, y los que vivimos en el mundo rural
estamos cansados de este tipo de tutelas; no
puede ser que una ley cercene el derecho al
desarrollo de un municipio», dice. En ese
sentido, cree provechosa para los intereses
municipales la polémica medida de
levantar el veto a construir en terrenos que
han sido afectados por el fuego, una iniciativa
que aprobó el Ministerio de Agricultura
de la socialista Cristina Narbona con el objetivo
de desincentivar los incendios
«especulativos».
Rubén Paz, secretario del sindicato
profesional de Agentes Medioambientales de
UGT
Este agente forestal afirma que «siempre
hemos tenido problemas con la clase
política en general porque hacemos
nuestro trabajo y denunciamos a quien
debemos, normalmente a grandes fortunas, y
respecto a la variación de la
categoría laboral de su colectivo no
entiende «cómo un cuerpo de
funcionarios civil, capacitado y en mayor
número, debe subordinarse a un cuerpo
de carácter militar» [en referencia al
Seprona]. «Se puede dar la paradoja de que yo
llegue, vea un delito y me tenga que estar de
brazos cruzados hasta que venga un
policía o guardia civil, y entretanto el
infractor ha escapado».
Paz considera que «el PP tiene bien claro
que los forestales estorbamos», y pone de
ejemplo que el ministro Gallardón «se
dejó en el tintero el cambio de la Ley
de Enjuiciamiento Criminal para quitarnos la
función de policía judicial.
Afortunadamente, el tiempo no les ha dejado».
Y al margen de los problemas de los agentes
medioambientales, que ven peligrar su
independencia de acción, Paz se
pregunta: «¿Acaso ha habido
algún clamor social por cambiar la ley
de montes vigente? ¿No chirría
un poco que se quiera cambiar sin que haya
habido una demanda por parte de la
sociedad?»
Luis Fernando Villanueva, presidente de la
Asociación de Propietarios Rurales para
la Gestión Cinegética y
Conservación del Medio Ambiente
(Aproca): a favor
Tampoco entre las asociaciones que
representan los intereses de los cazadores se
ponen de acuerdo a la hora de evaluar este
cambio de ley. A diferencia de la postura de la
Real Federación de Caza, que
felicitó al Gobierno por la
aprobación del anteproyecto, la
Unión Nacional de Asociaciones de Caza
(UNAC) y la Oficina Nacional de la Caza se han
mostrado más críticas. Y
Aproca, que reconoce que este Gobierno es el
primero en escuchar las demandas del sector
cinegético, ve positiva la
creación de una Estrategia Nacional de
Gestión Cinegética y el
establecimiento de una licencia única
de caza, ya que con la normativa actual, en la
cual un cazador debe solicitar una licencia
distinta por cada comunidad autónoma,
es «un caos legislativo».
Respecto a los planes de gestión,
la asociación de propietarios de fincas
rurales defiende que «no siempre es posible
desarrollarlos» ya que, «si la
Administración quiere trabajar en
gestión forestal, antes tiene que poner
dinero».
Raúl de la Calle, secretario general
del Colegio de Ingenieros Técnicos
Forestales: en contra
De la Calle subraya cuatro elementos
negativos que «olvida» el anteproyecto de ley:
ni se reconoce el papel que juegan los montes
a la hora de fijar y retener el CO2 emitido por
los humanos, ni se promueve el uso de la
biomasa como fuente de energía
‘verde’ –»una oportunidad perdida para
explotar un recurso nuestro, generar empleo
local y evitar la despoblación»,
critica–, ni se insiste en la
obligación de crear planes de
gestión forestal, punto clave para
evitar el abandono del bosque –»esta
nueva ley dará a los propietarios nada
menos que 25 años más de
plazo para lanzar su plan de gestión»,
recuerda–.
El secretario general insiste en el hecho de
que su Colegio lleva demandando desde hace
años al Ejecutivo que determinados
documentos técnicos sean redactados
por expertos titulados (por ingenieros de
montes). «Es una demanda que el Partido
Popular hizo suya en 2006, cuando estaba en
la oposición, y nos sorprende mucho
que ahora que el partido está en el
gobierno no se haya recuperado esa demanda
nuestra».
Francisco Cabezos, secretario de Medio
Ambiente y Salud Laboral de CCOO: en
contra
«Esta ley debería estar enfocada a
la producción y mantenimiento de los
montes, y punto. Pero desgraciadamente se ha
hecho famosa por asuntos que nada tienen que
ver», como la caza, la especulación y
el «poner una mordaza a un colectivo
histórico de funcionarios». A juicio del
representante sindical, «los cambios
introducidos por este Gobierno se están
convirtiendo en el Día de la Marmota
de los agentes».
En 2006, recuerda, el PP ya intentó
«que se nos quitara la facultad de
policía judicial» para investigar delitos.
Al año siguiente, la Comunidad de
Madrid intentó impedir «que
pudiéramos entrar en fincas y montes
privados, pero no lo consiguió. Y es
que no se dan cuenta de que los montes, sean
de la titularidad que sean, están
sujetos a la vigilancia de la
Administración Pública: el bien
público está siempre por
encima del bien privado», distingue.
Pilar Lucio, secretaria de Sostenibilidad del
PSOE: en contra
El partido que aprobó la norma
vigente tampoco coincide con los
planteamientos de Tejerina. «Toda la
legislación aprobada en esta legislatura
va en detrimento de la protección
medioambiental: Ley de Costas, Ley de
Parques Nacionales y ahora esto. Parece que
estas leyes están hechas para
satisfacer las necesidades de una
minoría muy minoritaria de la
sociedad. Tenemos pensado solicitar una
enmienda de devolución ya que no
estamos de acuerdo en absoluto con este
cambio de ley».
Juan López de Uralde, portavoz de
Equo: en contra
«Con esta ley, se vuelve a abrir la puerta
a los incendios especulativos. Además,
la no obligatoriedad de contar con planes de
gestión de montes va a provocar
todavía más abandono y, en
consecuencia, un aumento de los incendios. La
filosofía general de estos cambios es
entender el monte como negocio, y nosotros
no nos oponemos a esta idea siempre que el
monte sea sostenible en el largo plazo. De
forma prácticamente desapercibida, el
Partido Popular ha desmontado las
políticas medioambientales
desarrolladas desde la Transición».
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