Los guardias civiles acusados en la presunta trama de venta ilegal de carne de caza mayor y otros animales y de furtivismo en Asturianos, recientemente archivada por la juez de Puebla de Sanabria, estudian presentar una querella por prevaricación contra un teniente coronel de Madrid y un coronel por las presiones recibidas para que retirasen sanciones administrativas impuestas a uno de los denunciantes del caso.
Asimismo, con esta acción judicial buscarían «reponer su honor», explican fuentes próximas, después de que se les procesara por no cumplir con su deber de denunciar delitos y hayan sido exculpados. En el procedimiento judicial sobreseído se vieron implicados dos hermanos, conocidos ganaderos, y el hijo de uno de ellos.
Por el momento, continúa su curso el expediente abierto en la Guardia Civil para investigar si los citados mandos «acosaron» a esos tres guardias para conseguir que retirasen las sanciones administrativas cursadas contra sus amigos, dos socios del coto de Palacios. Se trata de investigación interna, llevada a cabo al margen de la vía penal abierta por el Juzgado de Puebla de Sanabria a raíz de la denuncia a uno de esos socios del coto multado «por transportar piezas de caza muerta», dos cabezas de ciervo «sin precinto en el vehículo que ocupaba» y por «cazar sin autorización escrita», hechos que se remontan a octubre de 2009. Ese mismo día, se procedió a denunciar al acompañante del propietario del turismo por negarse a facilitar la documentación del arrendatario del coto del que procedían las piezas incautadas. Esta investigación está declarada secreta, por lo que no han trascendido más datos sobre el momento en el que se halla.
Durante su declaración ante la magistrada de Puebla de Sanabria, uno de los agentes afirmó que tanto él como los compañeros que multaron a los conocidos de un mando se sintieron «acosados» por uno de los infractores, por un teniente coronel y un coronel para que retirasen la sanción a quien transportaba los restos de reses de caza mayor. Entonces se explicó en sede judicial que, cuando dieron el alto a este hombre y su acompañante, éstos les amenazaron con mover hilos en Madrid si persistían en su intención de dar cuenta de la infracción, declaraciones de las que la Guardia Civil hizo caso omiso, por lo que los agentes se vieron obligados a denunciar estas presiones. De hecho, agentes de unidades especiales llegaron desde Madrid a Zamora para intervenir en la detención de los ganaderos, el hijo de uno de ellos y el amigo de éste (cuyas iniciales responden a P.O.C.; F.J.O.C.; F.J.O.H.; J.R.B.) y en el registro de los domicilios de ambos y de la nave próxima a una de las casas que presumiblemente utilizaban como matadero de despiece de las reses que cazarían de forma furtiva.
Para los guardias detrás de las acusaciones e imputaciones que se les hizo en la causa judicial por posible tráfico de carne se encontraba el atestado mencionado de octubre de 2009 en el que se sancionó a los dos integrantes del coto. Días después de cursar las sanciones administrativas, un coronel de la Guardia Civil acudió al puesto de Puebla de Sanabria para presionar a otro mando y que éste hiciera lo propio con los guardias para que retiraran las denuncias, según consta en los autos del procedimiento judicial.
Al no lograr sus propósitos, el coronel mantuvo esa presión por teléfono al objeto de que las alegaciones que habían efectuado los socios del coto denunciados fueran aceptadas para evitar las multas. Uno de ellos es el denunciante principal del procedimiento judicial conocido como trama de Asturianos, circunstancia que se alegó para defender la improcedencia de las diligencias abiertas contra los agentes de la Benemérita.
El acoso ha continuado, dada la amistad de mandos con el integrante del coto. Incluso, en las diligencias judiciales figura un escrito en el que se apunta que aquellos han acudido como invitados a numerosas batidas tanto en Palacios y Asturianos, y que han tratado de que la investigación judicial perjudicara a los tres guardias que denunciaron a los socios del coto, de modo que incluso uno de los testigos interpuso una queja por el trato recibido cuando testificó ante la policía judicial para que acusara a los agentes imputados. Puestos en contacto con el abogado de los guardias, Tomás Cuadrado, ha rehusado efectuar declaraciones al respecto.
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