«Nos dijeron que no nos preocupáramos, que nos avisarían para lograr el mayor consenso. Lo siguiente ha sido ver publicado en el Boletín Oficial del Estado el proyecto de Real Decreto que servirá para aprobar el reglamento de Armas». Pedro Morrás, abogado de un grupo de asociaciones, alerta con estas palabras de la situación de crisis a la que se encamina un sector que tiene seriamente comprometido su futuro si se aprueba esta nueva reglamentación para las armas en España.
La sorpresa también ha sido mayúscula en la Federación Española de Caza. Santiago Ballesteros, secretario de la Federación, dijo a este periódico que cuando solicitaron al Ministerio del Interior información sobre la elaboración del nuevo reglamento les negaron que estuvieran trabajando sobre él. Lo siguiente también ha sido su lectura en el Boletín Oficial del Estado.
Pedro Morrás no entiende las razones que han llevado al ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, a redactar un texto que va a poner en peligro un negocio, el de la caza, que mueve en España más de 20.000 millones de euros al año, según estimaciones técnicas.
Además alerta a los afectados porque quieren dar a esta norma carácter retroactivo, lo que hará que se tengan que destruir 800.000 armas en nuestro país si no hacen caso a las miles de alegaciones que van a presentar los interesados en el mundo de las armas y la caza.
Cazadores, tiradores, coleccionistas, empresarios y muchos pueblos están que trinan contra el ministro y recuerdan la manifestación que logró reunir en Madrid a cerca de 300.000 personas en marzo de 2008 para exigir respeto a la caza. Una de las razones que más ha enfadado al sector es que el texto se haya publicado en noviembre para que el periodo de alegaciones esté en plenas Navidades con el país medio parado.
Un millón de cazadores españoles
Se calcula que en España hay un millón de cazadores, sin contar con los que vienen de Europa y el resto del mundo, en busca de la riqueza cinegética de nuestro país. El negocio hace que decenas de pueblos de zonas rurales vivan gracias a las escopetas y todo lo que se mueve alrededor (armerías, fabricantes, distribuidores, perros, hoteles, restaurantes,…).
La crisis ha afectado también al sector y según el representante de algunas de estas empresas la facturación ha bajado en general un 30%. «Más reducción en su negocio podría suponer una auténtica debacle, con innumerables despidos», afirma el letrado Pedro Morrás.
La redacción del reglamento ha corrido a cargo de la Secretaría General Técnica, pero cazadores y empresas ven la mano de Intervención Central de Armas y Explosivos de la Guardia Civil, a la que acusan «de un desconocimiento absoluto sobre lo que son las armas de caza».
Si se aprueba el reglamento tal y como ha publicado el BOE «se van a provocar gravísimas perturbaciones a industriales y cazadores, hasta el punto de que van a convertir en inútiles el 90% de las armas existentes en manos de los cazadores», afirma Morrás que representa a la Asociación Empresarial de Caza y Tiro, la Asociación de Empresarios españoles de cartuchería y a la Asociación Española de Armeros.
La Oficina nacional de la Caza, que aglutina a todo el sector, afirma que se han ignorado por completo sus peticiones y califica el proyecto como el más restrictivo.
Alegaciones contra ‘la chapuza’
El presidente de la Federación Madrileña de Caza, Nicanor Ascanio, cree que el proyecto es una chapuza que hay que estudiar con mucho más tiempo. Los servicios jurídicos de las Federaciones, incluída, la española, preparan alegaciones que pueden colapsar durante meses la publicación del reglamento definitivo.
Santiago Ballesteros, secretario de la española, afirma que quieren consolidar algunos aspectos que son anticonstitucionales, como el de la concesión de licencias. Si una persona tiene un atestado policial (por dar positivo en una alcoholemia, por ejemplo) pueden negarle el permiso, lo cual es vulnerar la presunción de inocencia, según este representante federativo.
Califica el texto de «injusto y carente de fundamento» y con algunas disposiciones cercanas al «disparate». Las federaciones de Tiro también preparan reuniones urgentes para contestar a Interior.
En la Red la polémica echa chispas contra el Ministerio del Interior. Los ‘chats’ están cargando contra el Gobierno y proponen organizar otra marcha como la del año 2008 cerca de las elecciones autonómicas. Algunos son más radicales y pretenden organizar marchas frente a la sede del PSOE en Ferraz.
Lo que sí que está claro es que la Federación Española de Caza mantiene conversaciones con representantes del sector para organizar una concentración frente al despacho de Alfredo Pérez Rubalcaba.
Las restricciones
Hasta ahora, un cazador podía disponer de carabinas del calibre 22 (de venta libre en muchos países de la comunidad europea y totalmente legales para el ejercicio de la caza) para fuera de la temporada de caza, practicar y seguir ejercitando su puntería en campos y galerías de tiro.
Con el proyecto de orden estos cazadores deberán de, además de tener la licencia de caza, inscribirse en la Federación de Tiro Olimpico, pasar un examen con la Intervención de Armas de la Guardia Civil y pagar una cuota de aproximadamente 150 euros al año.
También deberán competir de forma oficial como mínimo una vez al año para poder mantener esta licencia, algo inimaginable para un cazador.
Fuentes del sector indican que habría que recordarle a Rubalcaba que el uso de este tipo de carabinas en las jornadas de caza no es competencia del Ministerio del Interior, sino de las Comunidades Autónomas.
Pedro Morrás afirma «que sólo se podrán tener armas del calibre 22, con las que en toda Europa se caza, documentadas para tiro olímpico, lo que supondrá la eliminación de decenas de miles de carabinas del 22».
Este nuevo reglamento toca todos los ámbitos de las armas. Todos los aficionados al tiro de competición se ven también afectados. Hay muchas competiciones en las que se usan armas semiautomáticas, competiciones ampliamente reconocidas a nivel europeo.
Cualquier aficionado podrá competir en Europa, pero no en España, pues este tipo de armas nos van a ser vetadas, explicaba a elmundo.es un aficionado. «Deportistas españoles, federados, con toda su documentación en regla y habiendo pasado cursos obligatorios para poder competir en estas modalidades, podrán hacerlo en Francia, pero no en su país, España».
La nueva norma pretende prohibir los cargadores móviles de armas semiautomáticas con capacidad para más de dos tiros. También quiere evitar «que con herramientas normales puedan ser transformadas a una capacidad superior», como hacen hoy día los aficionados que pueden ampliar así el número de tiros.
Morrás afirma que son casi inexistentes en el mundo las armas semiautomáticas, ya sean rifles o escopetas, con cargador fijo. No se podrán utilizar armas con capacidad de disparo con más de tres tiros para cazar (uno en la recamara y dos en el cargador).
Su inutilización podría llevar a un desastre al sector pues son armas de que llegan a superar los 6.000 euros.
Los policías locales también se ven afectados
Santiago Ballesteros, de la Federación Española, afirma que no es comprensible que el Gobierno haya facilitado que todo el mundo se compre un arma semiautomática y ahora «de un plumazo» inhabilitar a los cazadores. «Han dejado que el mercado se inundara de estas armas y ahora van contra sus propios actos», añade.
Un coleccionista afirma que no les dejaran más de ocho armas según el nuevo reglamento y que tienen auténticas fortunas invertidas en estos objetos modernos e históricos que quedan totalmente fuera del escrito y pasan a ser ilegales.
Se calcula que en España hay un millón de armas legales en manos de cazadores y tiradores, sin causar apenas problemas a la seguridad pública. «¿Cuántos atracos, asesinatos o altercados ha habido en España con armas semiautomáticas? Son legales en España y Europa desde hace muchos años y nunca, ha ocurrido absolutamente nada», afirma Morrás.
Los policias locales también se verán afectados, pues la nueva reglamentación les retirará su arma de uso particular.
Quedará prohibido adquirir en un armería un visor o mira teléscópica para acoplar a una carabina de balines. Para comprar este tipo de artículos habrá que estar en posesión de la licencia de caza mayor, presentarla al armero, que deberá de notificar la venta del visor a la Intervención de Armas de la Guardia Civil.
El reglamento también pone restricciones a las armas lúdico-deportivas, conocidas como ‘soft air’ o ‘paint ball’, que disparan balines de plástico o bolas de pintura para simular peleas.
Los empresarios también tendrán problemas. Hasta la fecha los armeros, distribuidores o fabricantes tenían contratadas a numerosas personas para realizar diversas tareas. Ahora la contratación de esas personas estará supeditada a una autorización de la Guardia Civil. Morrás afirma que no se conoce en el sector que ningún empleado haya causado delito alguno, jamás.
También quedarán suprimidas las subastas de armas en posesión de la Guardia Civil, que era una forma de que los menos pudientes se hicieran con buenas escopetas y rifles.
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