De forma paralela a la
aprobación de la Ley de Caza en el
Senado, primero, y en el Congreso de los
Diputados, ayer, tras la introducción de
las 17 enmiendas salidas de la cámara
alta, el Consejo Director del Parque Nacional
de Cabañeros aprobó la puesta
en marcha de acuerdos con los propietarios de
fincas privadas que tienen terrenos en el
interior del parque para que sean los
dueños de los cotos los encargados de
hacer los controles de poblaciones de las
especies animales, adaptándolas a las
poblaciones existentes en el parque.
Estos convenios, que se encuentran en
periodo de negociación en su
mayoría, podrían extender la
actividad cinegética en las propiedades
privadas más allá de la
prórroga de seis años recogida
en la nueva ley.
El presidente de Aproca, Luis Fernando
Villanueva, aseguró que para afirmar
tal extremo «tenemos que esperar para
ver exactamente qué tipos de acuerdos
se alcanzan», y defendió que la
mejor manera de mantener el control sobre las
poblaciones de especies animales «es
hacerlo como se está haciendo hasta
ahora, con batidas, monterías,
etcétera». Además, esos
acuerdos podrían recoger
también las indemnizaciones a
satisfacer por parte de la
Administración para compensar a los
propietarios privados por el cese de la
actividad cinegética. «El control
poblacional no es ni más ni menos que
un eufemismo de caza, y creemos que se debe
hacer como hasta ahora»,
enfatizó.
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