La caza continúa en La Palma pese a la erupción del volcán

Los intentos judiciales del animalismo para que se adopten medidas que detengan la actividad no han dado resultado

Más de dos meses después del comienzo de la erupción del volcán de Cumbre Vieja, en la isla canaria de La Palma, la situación permanece inalterable. La mayoría de la población se ha acostumbrado a las impactantes imágenes de la lava abriéndose camino entre casas, carreteras y plantaciones de plátano. Durante semanas, las novedades sobre el fenómeno natural han abierto telediarios y protagonizado tertulias, con una única certeza encima de la mesa: el desenlace es impredecible, tal y como advierten los vulcanólogos. Toca estudiar la situación, aprender del volcán y, sobre todo, esperar.

Mientras todo eso ocurre, hay quien no está dispuesto a esperar. La caza, en sus distintas modalidades, ha continuado en la isla. Más allá de la suspensión puntual de la caza menor en los municipios que se encuentran en situación de alerta máxima por su cercanía al volcán, los cazadores han seguido practicando su actividad favorita, sin importar la situación de extrema vulnerabilidad a la que se enfrentan los animales que habitan en La Palma.

Con el objetivo de detener la actividad cinegética, la asociación APADEVI llevó recientemente ante el juzgado al Cabildo de La Palma una solicitud para que se adoptasen medidas cautelarísimas urgentes. El objetivo: intentar evitar «el gravísimo e irreparable perjuicio que podría tener la actividad cinegética para los ecosistemas, la conservación de los hábitats y el mantenimiento del potencial biológico de las especies en el medio natural tras la erupción del volcán».

El escrito recuerda que “se desconoce el número de animales fallecidos o desplazados a otros lugares, algunos de ellos heridos o con sus facultades de defensa mermadas”. Del mismo modo, considera que “es posible que incluso se vean obligados a concentrarse en determinados lugares huyendo de las coladas, estando totalmente desprotegidos o amontonados, donde los cazadores acabarían con las vidas de los animales agrupados, causando un terrible desequilibrio ecológico».

El asunto ha recaído en el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 1 de Santa Cruz de Tenerife, que no parece compartir las tesis de esa organización. En un auto, el juez explica que no existe tal urgencia que justifique la adopción de una medida extraordinaria de esa naturaleza, por lo que procede a tramitarla como cautelar ordinaria y no como cautelarísima. Una diferencia sustancial, ya que esta última se acuerda de forma inmediata y sin dar traslado a la otra parte, mientras que en el caso de la cautelar ordinaria se le da plazo de 10 días para que presente sus alegaciones.

Tal y como explica la asociación, uno de los requisitos para acordar una medida cautelar es lo que en derecho se llama el periculum in mora o peligro en la mora. Es decir, el daño que pueda sufrirse en caso de no adoptarse. «Un mayor perjuicio, así como la posibilidad de ocasionar un daño irreparable, justificaría la adopción de la medida cautelarísima», explican. «Cada día que se autorice la caza los daños sufridos y las vidas perdidas serán absolutamente irreparables», advierten.

Días de fortuna

Gloria Moreno es miembro del Seprona en Lanzarote y conoce como pocas personas la situación de la caza en Canarias. En conversación con El Caballo de Nietzsche apunta que habla a título personal, y no en nombre de la Guardia Civil. «A mi juicio, la zona volcánica en la que están cayendo las cenizas debería entrar en lo que la ley denomina ‘días de fortuna’. Son aquellos en los que se entiende que las especies cinegéticas no cuentan con las mismas defensas que en los días normales. Situaciones excepcionales, como cuando se produce una gran sequía, una riada o una nevada. Días en los que, por tanto, no se debería autorizar la caza».

En concreto, los días de fortuna están recogidos en el artículo 42 de la Ley 7/1998 de Caza de Canarias, que establece que «queda prohibido cazar en los días en que como consecuencia de incendios, epizootias, inundaciones, sequías y otras causas, los animales se ven privados de sus facultades normales de defensa y obligados a concentrarse en determinados lugares».

Al respecto de su labor en el control de la actividad de los cazadores, y más allá de lo que está ocurriendo en La Palma, «hay varias cosas que rechinan. En primer lugar, está permitida la caza en espacios naturales donde hay especies en peligro de extinción, lo que no parece muy comprensible», reconoce Gloria. «Se permite también la caza del hurón, algo que se ha prohibido en otras Comunidades Autónomas. Y además, se permite matar a lo que se considera animales asilvestrados, algo que se deja al criterio del cazador y no en base a un informe etológico. Es decir, si un gato o un perro deambulan sin identificación por el medio natural pueden ser abatidos. Pasa lo mismo con las cabras cuando no llevan crotón: está permitido abatirlas con armas, con perro y con arco», denuncia. «Eso por no hablar de los abandonos de perros, que hay muchísimos cuando termina la temporada de caza. Hay además cazadores infractores, cuyas prácticas perjudican no sólo a los animales, sino también al medio ambiente y, en última instancia, a toda la sociedad», concluye.

Los reyes de las islas

Teresa García no piensa igual. Es la portavoz en Canarias de la Plataforma NAC (No a la Caza) y una de las activistas de las islas que más se baten el cobre contra los cazadores. Ella tiene muy clara su opinión sobre ellos. «Todo lo que hacen es daño», asevera. «En mi opinión, la caza en sí es mala, pues lo único que hacen es matar animales por placer, pero si al menos cumplieran la ley… El hecho es que no lo hacen».

«De entrada no tienen a sus perros con chip, cosa que se exigiría a cualquier otro ciudadano. Los tienen en las peores condiciones imaginables, hacinados en jaulas construidas con palés, a menudo en suelo público como barrancos o cuevas. Cuando llueve, esos perros se llevan la peor parte y mueren ahogados por decenas. Si les dan de comer una vez a la semana ya es mucho, y apenas con restos de comida o pan duro. No tienen agua limpia a su disposición, sino charcos mugrientos, lo que provoca que todos sufran de fuertes diarreas». Todo un rosario de crueldad contra el que luchan los activistas como ella. «Es descorazonador, porque las autoridades están claramente de su parte», lamenta. «A menudo, cuando hacemos algún rescate, avisan a los cazadores de que ya están por ahí merodeando las locas de los animales».

Al día a día que viven activistas como Teresa se suma una práctica muy extendida entre los amantes de la caza: en Canarias, como en toda España, la cría de animales para disfrute de los cazadores es habitual. «Crían animales para introducirlos irregularmente en el ecosistema y poder darles caza”, explica Teresa. «Es algo muy habitual con especies como perdices, hurones o conejos, y se realiza en las llamadas ‘granjas cinegéticas’. Es terrible ver cómo Tragsa, que es la misma empresa que cría y suelta a esos animales para que sean cazados, se dedica después a recoger a los perros de caza maltratados y abandonados que acaban en refugios que ellos mismos gestionan. Es decir, los propios cazadores producen los animales que luego matan, subvencionados con dinero de todos y apoyados por el Cabildo, que no tiene intención alguna de acabar con sus práctica».

Llegará un momento, antes o después, en que el volcán de La Palma deje de rugir. Los habitantes de la isla tendrán que hacer balance de daños, recomponer sus vidas y empezar de nuevo tras una tragedia como pocas que se recuerdan en el archipiélago. Para los animales víctimas de la caza, vivir allí seguirá siendo el mismo infierno de siempre, por muy fría que esté la lava.

Fuente. eldiario.es