El desembarco del proyecto de ley de Caza en el Parlamento vasco ha sacado a la luz un enfrentamiento entre los cazadores y los baserritarras que hasta ahora había permanecido soterrado. En vísperas de las deliberaciones de la Cámara, que se iniciarán esta semana, los dos colectivos han tomado posiciones y ya han amenazado a los partidos con organizar protestas si no aceptan sus respectivas reivindicaciones, en particular las que afectan a una de las cuestiones más vidriosas del debate: las distancias desde las cuales está prohibido disparar en áreas habitadas o concurridas.
En principio, el texto remitido por el Gobierno vasco incluye por primera vez entre los lugares a proteger las vías para los ciclistas y las sendas de interés ecológico, delimitando para ambas una zona de seguridad de 20 metros. Esa franja se amplía a 50 metros para ríos y caminos, y hasta 200 para granjas, caseríos y chalés. Aunque a comienzos de año tales medidas parecían acordadas entre todas las instituciones y grupos sociales, agricultores y ganaderos han acusado a los cazadores de ejercer «presiones» a última hora para intentar reducirlas. Sin embargo, los aludidos replican que, según cómo se amplíen los perímetros ‘sin plomo’, la caza libre corre el riesgo de resultar inviable en Vizcaya y Guipúzcoa (en Álava se caza en cotos).
«¡No lograrán que nos arrodillemos!», proclamó en junio pasado el presidente de la Asociación de Defensa de la Caza y Pesca (AEDECAP), Juan Antonio Sarasketa, en las campas de aviación del municipio vizcaíno de Dima, donde todos los años se concentra una festiva muchedumbre de aficionados. El sindicato agrario Enba ha respondido esta semana con contundencia, acusando a los cazadores de haber formado un «lobby» para romper el «consenso» que existía sobre las zonas de seguridad. El encontronazo público se ha producido justo cuando el Parlamento de Vitoria se dispone a discutir la futura ley de Caza en la fase de ponencia, un trámite en el que los grupos políticos elaboran a puerta cerrada la versión del proyecto que luego debatirán en las sesiones públicas. «Que no se reduzcan ni un ápice las distancias de seguridad», avisa Enba, en tono admonitorio.
Las organizaciones que agrupan a buena parte de los 110.000 ciudadanos con licencia de caza en Euskadi permanecen a la expectativa. La Cámara autonómica se enfrenta a una tarea compleja, pues la nueva normativa debe amoldarse a las competencias de las diputaciones, que luego desarrollan la legislación general en sus respectivos territorios. También tiene que regular las relaciones de los cazadores con los guardas forestales, que se van a convertir en ‘agentes de la autoridad’ y gozarán de ‘presunción de veracidad’ cuando declaren contra un presunto infractor.
Pero el proyecto de ley introduce más novedades. Por ejemplo, revisa y endurece el catálogo de sanciones, un asunto que ha despertado críticas entre los potenciales destinatarios de las mismas. Igualmente, cambiará el tratamiento de los ‘días de fortuna’, las jornadas en las cuales no se puede cazar debido al mal tiempo. En adelante, no será necesario que las instituciones forales prohíban expresamente la actividad cinegética en tales fechas. Se sobreentenderá que no puede realizarse cuando caiga una nevada.
No obstante, aparte de la regulación específica de cuestiones cinegéticas, la relevancia social de la Ley de Caza reside en que reemplazará una obsoleta legislación estatal de 1970 (Euskadi y Ceuta son las únicas comunidades que carecen de norma propia). Cuarenta años después, es necesario amoldar el texto legal a los intereses de todos los colectivos que reclaman su espacio en los montes y bosques del País Vasco, mucho más urbanizados y frecuentados que antes, sobre todo en los territorios de Vizcaya y Guipúzcoa.
Las enmiendas del PP
Por ese motivo, los partidos políticos no sólo están en el punto de mira de cazadores y baserritarras, sino también en el de mendigoizales, excursionistas, seteros, ciclistas, ecologistas, ornitólogos, propietarios y clientes de agroturismos, vecinos de urbanizaciones aisladas… De momento, el PP se ha hecho eco de algunas quejas de los cazadores, habitualmente representados por AEDECAP y por las federaciones provinciales.
Las enmiendas de los populares al proyecto de ley proponen reducir a la mitad las distancias de seguridad asignadas a dos supuestos concretos: enclaves habitados (los populares dejarían la franja en 100 metros) y caminos (la recortarían hasta 25). Ahora bien, el PP también quiere que haya que disparar siempre de espaldas al área protegida. «Lo que cuenta no es lo lejos que esté uno de ese lugar, sino a qué distancia del límite llega el disparo -explica el parlamentario Leopoldo Barreda-. Creemos que nuestra propuesta incrementa la seguridad jurídica. Si el disparo entra en la zona de seguridad, es infracción sin ninguna duda».
Otros partidos no han entrado en esa cuestión. El PNV da por buenos los perímetros de protección que propone el Ejecutivo de Patxi López. La parlamentaria Bakartxo Tejeria argumenta que el proyecto de ley «está tomado» del borrador elaborado por el anterior Gobierno de Ibarretxe, un documento que «alcanzó en su día un elevado consenso institucional y social». Por ese motivo, las enmiendas de los peneuvistas son esencialmente técnicas y no afectan a la filosofía del nuevo texto.
Obviamente, el PNV, al igual que el PSE-EE, no es ajeno a las advertencias de los baserritarras para que no se alteren las distancias trabajosamente pactadas. «Así no nos veremos obligados -recuerda el sindicato Enba- a movilizarnos públicamente contra una ley que, en tal caso, resultaría lesiva para el normal desarrollo de la actividad agropecuaria y para la calidad de vida de los baserritarras y de los habitantes de las zonas rurales en general».
Pese a las apelaciones de Enba al consenso, hay otro grupo parlamentario, aparte del PP, que no está conforme con las distancias de seguridad del proyecto de ley. Se trata de Ezker Batua, aunque lo que esta formación persigue es aplicar una fórmula más rigurosa. Las enmiendas que ha presentado elevan a 100 metros los perímetros ‘sin plomo’ en la mayoría de los supuestos, excepto en los núcleos habitados, donde el límite sería de 200 metros.
«Intereses de los cazadores»
La formación de izquierda entiende que el Gobierno vasco ha basculado hacia «los intereses de los cazadores». Al igual que Aralar, se opone a mantener los puestos de tiro que habían autorizado las diputaciones de forma excepcional dentro de las zonas de seguridad vigentes hasta ahora, una continuidad que está asegurada en el proyecto de ley. «Si existen unos criterios objetivos para declararlas así, no tiene por qué haber salvedades», resume el parlamentario de Aralar Dani Maeztu. De esa opinión son los guardas forestales de las diputaciones y el movimiento ecologista, que ha denunciado la existencia de numerosos parajes naturales vizcaínos donde los cazadores pueden apostarse: la reserva de Urdaibai, Gorbea y Urkiola.
«El número de cazadores ha aumentado -reconocen los guardas forales de Vizcaya y Álava en una alegaciones enviadas al Parlamento vasco-, pero del mismo modo ha aumentado el número de personas que practican en el campo ciclismo, senderismo, alpinismo, recolección de setas y frutos del bosque, observación de aves, etc. Teniendo en cuenta lo anterior y que, además, en Euskadi la visibilidad del cazador se ve mermada por la orografía escabrosa, combinada con una vegetación a menudo frondosa y tupida, estimamos necesario que esta nueva ley se adapte a nuestro tiempo y no permita excepciones a la prohibición de cazar en zonas de seguridad».
Este punto se ha convertido en una fuente potencial de conflictos institucionales, como el que ya ha enfrentado a la Diputación de Guipúzcoa y el Ayuntamiento de San Sebastián a propósito del monte Ulía. En ese paraje existen puestos para cazadores, pero el alcalde Odón Elorza quiere impulsar un parque para el disfrute de los ciudadanos. Consciente de ese problema, Ezker Batua ha planteado, precisamente, que la Ley de Caza permita a los municipios intervenir en la toma decisiones sobre esos asuntos junto con las instituciones forales. La respuesta la tiene el Parlamento vasco.
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