La caza en parques nacionales, un problema sin resolver

La caza en parques nacionales, un problema sin resolver

La fundación Artemisan ha coordinado un informe que revela que en la última década los municipios del entorno de Monfragüe y Cabañeros han perdido población, renta y empleo

La Ley 30/2014, de 3 de diciembre, de Parques Nacionales (LPN) prohíbe la pesca deportiva y recreativa y la caza deportiva y comercial en el interior de los parques nacionales. La propia ley fijaba una moratoria de seis años hasta la prohibición total de cazar y pescar.

En muchos parques nacionales existen fincas propiedad de particulares o ayuntamientos donde la caza ha sido una actividad tradicional que se ha venido practicando desde tiempo inmemorial. El fin de la moratoria implicará que sus titulares tengan que dejar de cazar en sus propias fincas. Para compensar esta clara limitación de derechos, la Disposición Adicional 7ª de la LPN, impone a las Administraciones públicas competentes la celebración de acuerdos voluntarios con los afectados, o, en su defecto, deberán aplicar los procedimientos de expropiación forzosa o rescate de los correspondientes derechos dentro del plazo de seis años desde su entrada en vigor.

El próximo 5 de diciembre (si no se establece una ampliación de plazo en aplicación del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, que sería como máximo de dos meses y medio) finaliza la moratoria sin que hasta la fecha existan ni acuerdos voluntarios ni se hayan iniciado expedientes de expropiación. Como consecuencia, los propietarios ni podrán cazar en sus fincas ni serán indemnizados, incumpliéndose por parte de la Administración de forma evidente lo impuesto en la ley. En el caso concreto de Cabañeros, en una reciente reunión del patronato se aprobó la posibilidad de realizar controles de poblaciones, sin especificar cómo ni quién los haría. Estos controles se deberán realizar siempre bajo la estricta tutela de la Administración y sometidos a unos condicionantes, como son, entre otros, el de no proporcionar alimentación suplementaria, limitaciones en el número de puestos, fechas concretas y siempre y cuando no se organicen ni publiciten como actividad deportiva o recreativa, sino como actuación de control de poblaciones, y no produzcan efectos negativos en el medio ambiente.

Ignoro si con esto la Administración competente pretende eludir su obligación de hacer frente a las indemnizaciones que correspondan, pero lo que está claro es que no es lo mismo cazar en la forma que se ha venido haciendo desde hacía años a hacerlo en la forma propuesta.

Consecuencias de prohibir la caza

La primera consecuencia será que los titulares de las fincas, al no poder cazar, suprimirán o reducirán las inversiones en gestión cinegética, en alimentación suplementaria para los animales o en guardería privada de las fincas. Esto provocará un aumento del desempleo y afectará de forma directa a la economía de la zona, ya que muchos de los habitantes de los pueblos situados en el interior del parque o en zonas limítrofes viven de la caza, sobre todo de las monterías que se organizan en estas fincas, a las que acuden cientos de cazadores nacionales e internacionales.

Pequeñas empresas locales de hostelería y restauración, gasolineras, rehalas, empresas dedicadas a la compra de carne, taxidermias, veterinarios y muchos puestos de trabajo fijos y eventuales desaparecerán, lo que provocará más desempleo y, por supuesto, más abandono del medio rural, precisamente en un momento como el que vivimos en el que el país necesita que todos sus recursos sean debidamente aprovechados.

En este sentido, la fundación Artemisan ha coordinado la elaboración de un informe que revela que en la última década los municipios del entorno de los Parques Nacionales de Monfragüe y Cabañeros han perdido población, renta y empleo, lo que hace imprescindible abrir un debate sobre el desarrollo de actividades tradicionales como la caza en los parques nacionales.(*)

La segunda consecuencia directa será la medioambiental. Si se deja de cazar aumentarán de forma descontrolada las poblaciones de ungulados en la zona, fundamentalmente ciervo y jabalí. Su incidencia en los hábitats que se pretenden conservar con la declaración del Parque Nacional será inmediata, poniendo en peligro la conservación de diferentes especies de flora y fauna, como revela el reciente informe La Gestión de Ungulados en Parques Nacionales (**).

Esta situación ya se ha producido en otros paques nacionales como el de la Sierra de Guadarrama, donde la sobrepoblación de cabra hispánica y su ausencia de control han producido daños irreparables en la flora autóctona, provocando graves riesgos sanitarios.

Otra consecuencia de la prohibición de cazar vendrá provocada por los daños a la agricultura y a las repoblaciones forestales, produciéndose un aumento de accidentes de tráfico por colisión con fauna silvestre y la transmisión de enfermedades a animales domésticos y personas.

Indemnizaciones millonarias

Según estimaciones realizadas en base a distintos informes periciales de valoración, prohibir la caza en los parques naturales de nuestro país podría costar unos 320 millones de euros a los españoles en plena crisis del coronavirus. Esa cantidad solo se refiere a las indemnizaciones que las arcas públicas deberían abonar a los propietarios por las limitaciones de usos sufridos. A ella habría que sumar los gastos de control poblacional de las especies cinegéticas, que sería muy elevado ya que, de no mediar acuerdo con los propietarios, la Administración se vería obligada a contratar personal específico para ello, al no contar con medios propios para hacerlo.

Con ello llegaríamos al absurdo de tener que indemnizar a los propietarios con cifras millonarias y pagar a empresas para que realicen el necesario control de poblaciones, cuando todo ello lo venían haciendo los propietarios generando empleo y riqueza.

Es necesario plantearse si realmente está justificada la prohibición de cazar y pescar en todos los parques nacionales que impone la legislación vigente o debería permitirse de forma controlada en alguno de ellos como Cabañeros, Monfragüe, Picos de Europa o. Sierra de Guadarrama, donde la caza ha sido una actividad tradicional generadora de riqueza y empleo.

Creo que ha llegado el momento de dejar de lado posturas excesivamente proteccionistas y tener en cuenta nuestra actual situación económica, en la que muy pocos encontrarían justificado pagar cifras millonarias para que se deje de cazar en unos espacios protegidos que se han conservado gracias al esfuerzo realizado durante años por propietarios particulares de fincas.

(*) Parques Nacionales de Monfragüe y Cabañeros. Informe sobre la situación socioeconómica. Septiembre de 2018. Universidad de Castilla-La Mancha. Universidad de Extremadura. Federación Extremeña de Caza. Fundación Artemisan.

(**) La Gestión de Ungulados en Parques Nacionales, elaborado por la Universidad Politécnica de Madrid, Cátedra de Parques Nacionales y la Red de Parques Nacionales.