El Boletín Oficial de Castilla y León publicó ayer el Plan de Conservación y Gestión del Lobo, que permitirá cazar legalmente hasta 143 ejemplares anuales y que estará vigente para las temporadas cinegéticas 2016/2017, 2017/2018 y 2018/2019.
09/08/2016 | Diario de León
El texto de la Dirección General del Medio Natural de la Junta de Castilla y León defiende que el lobo como especie cinegética es «la mejor herramienta para su regulación poblacional».
El Boletín distribuye el número de ejemplares abatibles en las provincias al norte del río Duero: León (53), Zamora (40), Burgos (15), Valladolid (5) y Soria (0). En la provincia leonesa son tres más que el año pasado.
Esta normativa no ha sido bien recibida por las organizaciones conservacionistas y, de hecho, Luis Miguel Domínguez, director de la asociación Lobo Marley, la califica de «indecente y delictiva». Domínguez asegura que «más del 50 % de la población de lobos que serán muertos en Castilla y León vienen de Portugal», donde no sólo es una especie protegida sino que el gobierno luso recibe «ayudas importantes de Bruselas» para su conservación.
El fundador de Lobo Marley afirma que esta especie «no es un problema para la ganadería, ya que en Zamora, donde más ovejas y más lobos hay en España, es donde menos ataques se dan: un 0,7 % de la cabaña ganadera, no llegan ni al uno por ciento».
Aunque no existe un censo nacional actualizado y consensuado acerca del número real de lobos y de manadas, el gobierno de la Comunidad elaboró uno «de forma unilateral que dice que son más de 2.000», pero Domínguez cree que en realidad sobreviven unos 1.500.
Este censo autonómico «no es objetivo ni verificable externamente y tampoco está sujeto a estándares científicos e internacionales», añade el licenciado en Ciencias Ambientales y especialista en Gestión Medioambiental Jorge Echegaray.
En su opinión, la Junta de Castilla y León «no está teniendo en cuenta el papel ecológico del lobo. Los grandes carnívoros no deben ser objeto de caza, porque su existencia afecta a la salud ambiental y por tanto a los bienes públicos». Además, a los 143 ejemplares permitidos para la caza, hay que sumar «los que maten los agentes forestales o los celadores», así como los abatidos ilegalmente, que según este experto son más de los que se cree. Según este experto, entre 2008 y 2014 han sido abatidos un total de 944 ejemplares, 333 por cazadores legales en las primeras seis temporadas.
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