La Federación de Caza de Castilla-La Mancha le ha pedido a la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural que ponga en marcha medidas de apoyo a las sociedades federadas de cazadores que son sistemáticamente condenadas como responsables de los daños que provocan las plagas de conejo en la región.
El presidente de la Federación de Caza de Castilla-La Mancha, Agustín Rabadán, le ha remitido una carta al director general de Política Forestal y Espacios Naturales, Rafael Cubero, pidiéndole que adopte medidas para paliar esta situación, al tiempo que le instan a que el Gobierno regional establezca ayudas para las sociedades de cazadores que son condenadas por estos hechos.
Rabadán, en su escrito, le recuerda a Cubero que esta es una reivindicación histórica y persistente de la Federación de Caza de Castilla-La Mancha, que considera necesario arbitrar un sistema de responsabilidad mucho más justo en materia de responsabilidad por daños a la agricultura causados por fauna silvestre.
Mientras el cambio en la legislación no se produce, y en tanto que algunas audiencias provinciales siguen condenando de manera sistemática y tozuda a los titulares de cotos de caza, la Federación de Caza de Castilla-La Mancha considera que se deben establecer medidas de apoyo para los cazadores de la región.
Especialmente preocupante, ha señalado Rabadán, es la situación que atraviesan muchos cotos ubicados en la zona de la Mancha albaceteña, ciudadrealeña, toledana y la Manchuela conquense.
En estas comarcas, ha dicho el máximo representante de los cazadores castellano-manchegos, “los cazadores no solo que se vean obligados a controlar las poblaciones de conejo, como que casi fuera un trabajo, con sus propios medios materiales y económicos y perdiendo jornadas laborales, sino que además tienen que sufrir el acoso de propietarios y explotadores de tierras sin escrúpulos, que en base a este sistema injusto aprovechan para intentar lucrarse”.
Así, ha señalado, “venimos observando peticiones de daños que no existen, otras exageradas y otras con pérdidas que realmente son imputables a otras especies, a plagas en cultivos, o simplemente, a malas prácticas agrícolas”.
El caso, ha señalado Rabadán, “es que nuestras sociedades se ven obligadas a peregrinar por juzgados y tribunales, haciendo frente a este problema”.
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