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La Fundación Oso Pardo pedirá la inhabilitación del celador además de cinco años de cárcel

La Fundación Oso Pardo, personada como acusación particular en el caso del celador de la Reserva de Caza de Los Ancares detenido como supuesto autor del incendio que calcinó 305 hectáreas en Porcarizas el 17 de octubre de 2011, solicitará al juez la misma pena de cinco años de prisión para el acusado que ha pedido el fiscal, pero reclamará que Alberto G.G, en libertad bajo fianza y con la obligación de presentarse ante el juez los días 1 y 15 de cada mes, también sea inhabilitado para trabajar como celador de caza.

La Fundación también estima que una parte de la indemnización de 295.000 euros que el fiscal solicitada para la Junta de Castilla y León por los daños en el monte y los gastos de extinción debería entregarse a las juntas vecinales con terrenos afectados por las llamas y así lo solicitará en el escrito de calificaciones que debe enviar al juzgado número ocho de Ponferrada, encargado de la instrucción de la causa, antes del próximo miércoles.
 
«Entendemos que cinco años de cárcel, la pena máxima por un delito de incendio forestal, sería una condena ajustada a los hechos», valoraba ayer el abogado de la Fundación, Carlos González Antón, tras recibir el escrito del Ministerio Fiscal.
 
La cuestión de la inhabilitación de Alberto G.G. preocupa a la Fundación Oso Pardo, que entiende que, en caso de condena, no debería reincorporarse a su puesto tras su salida de la cárcel. Precisamente, la reincorporación al trabajo de Alberto G.G. tras cumplir el año pasado el periodo máximo de suspensión de empleo y sueldo con el que le castigó la Junta de Castilla y León, generó alarma social entre los pueblos afectados por el incendio. La Junta tuvo que readmitir al celador, aunque destinado en oficinas, y logró después que una orden judicial para alejarle de los montes de utilidad pública.
 
Antón defendió el compromiso de la Fundación Oso Pardo no sólo con la conservación de los montes y el hábitat del oso, también con el desarrollo económico de los pueblos
 
El fiscal considera probado que Albergo G.G. empleó «un mechero o similar» para prender fuego a unos matorrales entre Barrio de la Valiña y Porcarizas a las 15.45 horas, operación que repitió diez minutos después cerca de Villar de Acero. La inclusión del paraje en la Red Natura 2000 y el oficio público del celador son considerados agravantes, aunque el fiscal entiende que no llegó a peligrar la vida ni la integridad física de las personas.

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