La jueza que investigaba la
matanza de cinco lobos durante una
cacería en Camaleño en
diciembre de 2013 ha decretado el
sobreseimiento provisional y archivo de la
causa, según informó ayer el
Diario Montañés, en la que
inicialmente estuvieron imputados un agente
del Seprona de la Guardia Civil y otros cuatro
cazadores.
Tanto la magistrada como el fiscal
entienden que no se trata de un delito penal
sino de una infracción administrativa
por «extralimitación de lo
autorizado», porque la batida contaba
con autorización. Así, se
argumenta que no es un supuesto de caza
furtiva, al tratarse de una cacería
autorizada de jabalí en la que se
podía matar un lobo y se abatieron
cinco ejemplares «de
más». Se señala,
además, que el lobo no está
catalogado como especie amenazada, que su
caza no está prohibida sino sometida a
régimen cinegético especial, y
que la normativa regional permite abatir un
ejemplar de lobo durante las batidas
autorizadas de jabalí.
El auto de la titular del Juzgado de
Primera Instancia e instrucción de San
Vicente de la Barquera está recurrido
en la Audiencia Provincial por Ecologistas en
Acción y la Asociación para la
Conservación y Estudio del Lobo
Ibérico (ASCEL), dos de los colectivos
ecologistas que denunciaron la matanza ante la
Fiscalía. Ambos colectivos sostienen
que la caza de cinco lobos fuera del cupo
autorizado para la batida «no es una
extralimitacion» sino una conducta
«expresamente prohibida» por la
normativa regional, que establece que la caza
de esta especie es «excepcional».
Su recurso ha sido rechazado por la jueza
instructora por lo que han presentado recurso
de apelación ante la Audiencia
Provincial.
Apoyo en la fiscalía
El Ministerio Fiscal elevó la
denuncia de los ecologistas al juzgado, lo que
derivó en la apertura de diligencias de
investigación por un presunto delito de
fauna y flora silvestre. Sin embargo, tras la
instrucción, la Fiscalía propone
el archivo de la causa y la jueza asume
«íntegramente» su
argumentación. Según recoge
el auto, las diligencias han permitido probar
que los cinco lobos fueron abatidos en la
cacería autorizada de jabalí
celebrada el 1 de diciembre de 2013 en la
Reserva Regional de Caza Saja-Besaya, en la
que participaron 34 cazadores,
acompañados de un técnico
auxiliar del medio natural.
Igualmente, ha quedado probado que uno
de los lobos fue abatido con el arma del
agente del Seprona de la Guardia Civil
imputado. En su recurso, los ecologistas
censuran que al auto de archivo no diga nada
sobre la participación de un agente y
técnicos auxiliares del medio natural,
que según denuncian, «no dieron
cuenta» de la matanza de los cinco
lobos, sino que lo «ocultaron»,
como «se ocultó los
cadáveres entre la
maleza».
En este sentido, advierten de que se trata
de «autoridades con el deber de hacer
cumplir la ley» y algunos
específicamente leyes como la que en
su opinión se vulneró, lo que a
su entender constituiría un posible
delito de prevaricación omisiva.
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