En la tarde de ayer quedó
aprobada definitivamente en las Cortes
Regionales la Ley de Caza de Castilla-La
Mancha, tras un largo proceso de
tramitación que no ha estado exento
de polémica, principalmente por la
radical oposición a la nueva normativa
de los grupos ecologistas y del PSOE, que
llegó a presentar una enmienda a la
totalidad. Y también por la retirada de
su apoyo, a última hora, de la
Asociación de Titulares de Cotos,
Cazadores y Actividades afines al sector, Atica.
Sí ha recibido el respaldo de la
Federación de Cazadores y de Aproca,
además del Partido Popular, que
consideran que con esta ley se profesionaliza
el sector. Además de sustituir una ley,
la de 1993, que se había quedado
obsoleta.
En su defensa de la ley, la consejera de
Agricultura, María Luisa Soriano,
aseguraba ayer en la tribuna durante el Pleno
de las Cortes que se trata de una normativa
«mucho más social»,
porque favorece y facilita la caza a los
aficionados de los pueblos, a la vez que
garantiza la conservación de la
naturaleza y la mejora genética y
sanitaria de las especies
cinegéticas.
Recordó los principales objetivos
que persigue la nueva ley, entre los que
destacó: regular la actividad
cinegética de forma ordenada,
sostenible y respetuosa con el medio ambiente
simplifica y agilizando los trámites
administrativos; regular la caza
haciéndola compatible con otras
actividades; conseguir una planificación
integral de la totalidad de los terrenos
cinegéticos; proteger y aprovechar
ordenadamente los recursos
cinegéticos; conservar el medio natural
y fomentar los hábitats de las
especies.
La consejera defendió que la
normativa se ha elaborado con una intensa
colaboración pública «y
gran voluntad de acuerdo» y
recordó que a lo largo del proceso de
exposición pública, se
aceptaron -parcial o totalmente- un total de
169 alegaciones.
Además, incidió en que
durante el debate en la Comisión de
Agricultura de las Cortes regionales se
aceptaron 24 enmiendas del Grupo
Parlamentario Socialista y 20 del Popular,
además de una enmienda transaccional
presentada por ambos grupos.
Indicó que el texto cuenta con el
apoyo de todas las asociaciones del sector
cinegético de Castilla-La Mancha, ya
que favorecerá la simplificación
burocrática y administrativa, la
profesionalización en la gestión
a través de los planes de
ordenación y la responsabilidad con los
planes zoosanitarios y el control de la
genética.
María Luisa Soriano
lamentó la actitud del Partido
Socialista, y criticó que se haya
posicionado con los grupos que están
contra la actividad de la caza, y hayan
apoyado una serie de planteamientos falaces
que nada tienen que ver con la Ley de Caza,
como que permita disparar a perros y gatos
sueltos o que salirse de un camino en un
monte público por una necesidad
fisiológica suponga una multa de dos
millones de euros.
El PSOE pidió la retirada
Desde las filas socialistas, el portavoz de
Agricultura en las Cortes, José Luis
González, pidió en repetidas
ocasiones la retirada de esta ley, al considerar
que no ha sido consensuada «con casi
nadie» del sector. Recordó las
104.000 firmas recogidas pidiendo la retirada
del proyecto de ley y la manifestación
en contra de la norma, por lo que dijo que
«si no se ha hablado con casi nadie, casi
nadie ha participado, lo lógico es que
al final la gente reaccione,
proteste».
Según los socialistas, esta ley
tiene un «carácter comercial e
intensivo de la caza», y «casi el
99 por ciento de los cazadores tampoco
están a favor de este modelo de caza
comercial e intensiva». Su grupo
también se mostró en contra de
la aprobación de la caza con la
técnica del lanceo y en que se pueda
sancionar con multas que van desde los 3.000
a los 30.000 euros por «salir al campo a
coger setas los días previos a una
cacería», por lo que pidió
que se hagan públicos los días
en que se cazará en un terreno.
En cambio, la diputada del PP en las
Cortes, Carolina Hernández,
defendió el carácter
consensuado de la norma, pues indicó
que, debido a las alegaciones presentadas por
los colectivos y a las enmiendas parciales
aprobadas, se han modificado 51 de los 87
artículos de la ley.
«Ha habido participación
ciudadana, de los sectores implicados y de los
grupos políticos. No puede decir que es
una ley sin participación»,
criticó Hernández.
Mientras, los grupos ecologistas tuvieron
ayer un día agitado de protestas.
Primero lo hicieron frente al Palacio de
Benacazón, en Toledo, donde se
celebraba el II Congreso Internacional de
Tramperos, y después en las Cortes
Regionales, en contra de la nueva Ley de
Caza, al considerar que retratan «un
tiempo de decadencia» y un
«fracaso» de la sociedad.
Sin embargo, los responsables del
congreso, organizado por la Asociación
de Tramperos de España (ATE), y al que
asisten más de un centenar de
personas de diferentes partes del mundo,
defendieron que esta conferencia tiene un
carácter puramente técnico y
busca profesionalizar esta actividad.
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