Los propietarios de cotos y
sociedades de cazadores que quieran organizar
una montería no tendrán, una
vez se apruebe el nuevo reglamento andaluz
de la caza, que solicitar la correspondiente
autorización a la Administración
regional, ya que la Junta contempla que la
realización de esta actividad
cinegética quede sujeta a un
procedimiento de comunicación y no de
autorización.
Esta fue una de las mejoras que
aportará este reglamento, aún
en fase de redacción, y que
explicó ayer el coordinador de la
dirección general de la
Consejería de Medio Ambiente de la
Junta, Rafael Cadenas, en la mesa redonda
organizada en el salón de plenos de la
Diputación, con el patrocinio de ABC
Córdoba, para explicar los cambios que
se plantean en el sector.
Al respecto, una vez se apruebe el
reglamento, Cadenas indicó que se
trabajará en el modelo de
declaración para que los
orgánicos puedan descargarla y la
aporten a la Administración que, si en
un plazo de 15 días no da respuesta,
tras comprobar que la cacería no
coincide en fecha con la de otra en coto
colindante, «es por que se entiende por
autorizada».
Para el moderador del debate y presidente
del Aula Cinegética del Real
Círculo de la Amistad, Francisco
Beltrán, el borrador que hay sobre la
mesa «aporta cambios positivos, pero
echamos en falta que no se convierta en una
norma marco que desarrolle de una vez por
todas el tema de la caza».
Entre los aspectos a mejorar antes de que
se publique en el BOJA, Beltrán
abogó por que «se regule el
tema de los puestos dobles, porque no se deja
claro. No se puede permitir, con la norma en
la mano, que se permitan dos armas por
puesto».
De igual modo indicó que
solicitarán a la Junta que haya una
unificación de criterios entre las
distintas delegaciones provinciales. «La
norma es igual para toda Andalucía y
no puede ser que en Sevilla se interprete la
tramitación de un plan técnico
de caza de una manera y en Córdoba
de otra».
Beltrán indicó que todas las
conclusiones que salgan de esta jornada
serán trasladadas a la
Diputación, que se ha comprometido a
hacerlas suyas y presentárselas a la
Administración regional para que las
tenga en cuenta a la hora de introducir
modificaciones en el reglamento, cuyo plazo
de alegaciones ha acabado y que solo
está pendiente de su redacción
definitiva.
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