El Tribunal Superior de Justicia
de Madrid ha admitido a trámite el
recurso contra los acuerdos alcanzados por el
Patronato del Parque Nacional de la Sierra de
Guadarrama.
El recurso, interpuesto por Ecologistas en
Acción, considera que el órgano
asesor aprobó una memoria plagada de
errores y un plan de actuación sin
presupuesto sin permitir a los vocales opinar al
respecto. En septiembre de 2014, Ecologistas
en Acción presentó un recurso
contencioso administrativo, ante el Tribunal
Superior de Justicia de Madrid (TSJM), por
considerar que los acuerdos aprobados en el
Patronato del Parque Nacional de la Sierra de
Guadarrama vulneraron los derechos de
participación de sus miembros y por
incorporar proyectos de elevado impacto. El
TSJM ha requerido ahora a la Comunidad de
Madrid copia del expediente administrativo y
ahora se iniciará el estudio de lo
sucedido, según explica la
organización ecologista en una nota de
prensa.
El Patronato del Parque Nacional de la
Sierra de Guadarrama se constituyó y
se reunió por primera vez en junio de
2014, en calidad de órgano asesor y de
participación de la sociedad civil.
Está compuesto por representantes de
los tres niveles de la administración,
central autonómica y local y por
organizaciones ecologistas, universidad,
propietarios, etc. La presidencia es rotatoria
entre la Comunidad de Madrid y Castilla y
León. Actualmente el presidente es el
Consejero de Medio Ambiente de Madrid, Borja
Sarasola.
En junio, el Patronato debía
aprobar la memoria de actividades 2013-2014,
el plan de actuaciones para el periodo
siguiente y el presupuesto. Pero la memoria
está plagada de errores y de omisiones
(atribuye al Parque Nacional proyectos y
actuaciones no realizadas por este espacio
protegido, se omite información sobre
la caza de la cabra montés, no se
aportan datos sobre la celebración de
eventos multitudinarios en la vertiente
madrileña a pesar del fuerte impacto
que conllevan, etc). En cuanto al plan de
actuación, se limita a recoger una serie
de medidas imprecisas y sin presupuesto (uso
público, cursos, tratamientos
selvícolas, etc).
Durante la reunión, los
representantes ecologistas intentaron exponer
estas y otras cuestiones para corregir y
mejorar los textos antes de ser aprobados. Sin
embargo, el Presidente impidió
cualquier comentario o debate sobre los
documentos que debían aprobarse, a
pesar de ser un derecho de los miembros de
este órgano. Sólo
después de la aprobación, en el
punto final de ruegos y preguntas, cuando ya
no había posibilidad de modificar nada,
se permitió hablar a los vocales.
Haber aprobado estos documentos supone
asumir sus contenidos, entre ellos, mantener
la actividad cinegética, la
privatización de los centros
públicos de educación
ambiental, ubicados en el Parque Nacional y su
transformación en centros de
visitantes. Así como la
ampliación o nueva
construcción aparcamientos en el
puerto de Navafría y Cercedilla que
incrementarán la presión sobre
el medio natural.
Ecologistas en Acción considera
que lo sucedido fue un atropello a los derechos
de participación e información y
vulnera el principio de transparencia con el que
debe actuar la administración e impone
programas y proyectos inadecuados para un
parque nacional.
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