Todos los que han participado en esta negociación coinciden en que ha sido una experiencia difícil. Tanto, que hasta última hora ha habido sorpresas. Ayer tuvo lugar la comisión parlamentaria para emitir el dictamen definitivo sobre la Ley de Caza del País Vasco, que se aprobará a lo largo de este mes en el Parlamento.
Los puntos más conflictivos eran aquellos que afectaban a las distancias de seguridad y desde hace dos semanas ya había acuerdo entre PNV, PSE, PP y Aralar: un perímetro de 200 metros para núcleos rurales, agroturismos y explotaciones agrarias prioritarias, y uno de 150 metros para edificios habitables aislados.
No gustaba nada esto último a los cazadores porque, decían, verían limitada en gran medida su actividad ante la presencia de construcciones que salpican los montes y que la mayor parte del año están vacías, ya que suele tratarse chalets que hacen funciones de segunda residencia. Pues bien, ayer, cuando se creía que todo estaba pactado y a petición del PP, se rebajó la distancia de 150 a 100 metros, cambio que tuvo el apoyo de PNV y PSE -lo que garantiza que la ley prosperará- y que Aralar rechazó.
Hay varias razones que explican esta modificación de última hora -ya antes se había rebajado de 200 a 150-. En primer lugar, el parlamentario popular Leopoldo Barreda recuerda que la presencia de edificios aislados en los montes, cuya profusión en Vizcaya y Guipúzcoa -en Álava la actividad cinegética se restringe a los cotos- es más que notable, «produce un estrechamiento muy importante del territorio» cinegético de manera que «limita mucho el ejercicio de la caza». Un aspecto este que era el que más disgustaba a los aficionados.
Por otro lado, el planteamiento de los 150 metros era algo farragoso. En realidad, esa cifra era la resultante de dibujar un perímetro imaginario de 50 metros alrededor del inmueble (jardín, huerta o invernadero) y sumarle la distancia de seguridad propiamente dicha de 100 metros. «Este planteamiento era malo de gestionar desde un punto de vista práctico y administrativo», justifica Barreda, y añade que también presentaba problemas de seguridad jurídica porque en cada caso específico resultaría difícil para el cazador de turno saber a qué atenerse. Hay que matizar un aspecto: los 100 metros se aplican a caza menor (la más extendida, que se ejecuta con escopeta de perdigones) porque para caza mayor (con bala) el límite de seguridad es de 200 metros.
«Ha habido sensatez»
En cualquier caso, la reducción de la distancia a los 100 metros, que es la que interesa a la inmensa mayoría de los cazadores vascos, «no compromete la seguridad» en modo alguno, asegura la parlamentaria jeltzale Bakartxo Tejeria. Además, apunta que las comunidades autónomas limítrofes tienen regulaciones similares a la que próximamente aprobará el Parlamento vasco. A su juicio, lo realmente importante de este asunto es que los cazadores cumplan con esta limitación. Y recuerda: «Los perdigones, que tienen un alcance de unos 60 u 80 metros, no pueden entrar en ningún caso en las zonas de seguridad» y en cualquier caso, cuando el aficionado dispara en las proximidades del perímetro, siempre debe hacerlo «de espaldas al elemento protegido».
Si todo esto es así de lógico, ¿por qué se han dado tantas vueltas hasta llegar a este punto? «Porque alrededor de esta ley hay muchos intereses contrapuestos, y este es el aspecto más controvertido. Así que el artículo más conflictivo, como siempre se hace, lo dejamos para el último momento», admite Tejeria. También reconoce la imposibilidad de «contentar a todo el mundo», por lo que no le pillaron por sorpresa las llamadas que recibió ayer mismo lamentando la reducción en la distancia de seguridad.
Quienes se dan por satisfechos son los cazadores -hay 110.000 licencias en Euskadi-. «Para nosotros, está bien», concede sin efusiones Juan Antonio Sarasketa. El presidente de la Asociación para la Defensa del Cazador y Pescador Vascos (Adecap) reparte méritos con las federaciones territoriales y la federación vasca a la hora de valorar este cambio de rumbo en la futura normativa. «Al final, ha habido sensatez», aunque también recuerda que en la antigua regulación, de origen estatal y «que data de 1972, se establecían 50 metros y no había ningún problema».
Del otro lado están los baserritarras y propietarios de agroturismos, que siempre apostaron por unos mayores perímetros de seguridad. Pero es que también están en juego los intereses de montañeros, seteros, ecologistas y ornitólogos. Como decía la parlamentaria Tejeria, muchos intereses contrapuestos que han ido ralentizando la tramitación de la nueva ley desde que se inició el proceso, ya en la anterior legislatura, y en cuyos primeros borradores se hablaba de perímetros de hasta 500 metros.
Por último, la norma, que será de aplicación para la próxima temporada de caza, establece distancias de seguridad para bidegorris y rutas de interés ecológico (20 metros) y para ríos y caminos públicos (50).
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