La consejera de Agricultura,
María Luisa Soriano, quiso subir ayer a
la tribuna del salón de plenos de las
Cortes de Castilla-La Mancha para, una vez
más, defender la nueva Ley de Caza
que ha impulsado el Gobierno regional.
Soriano consideró en primer lugar
que era necesario adecuar la norma a las
necesidades sociales y económicas de
la región que han cambiado desde que
se elaborara la anterior ley en este
ámbito.
La consejera destacó que Castilla-
La Mancha es una de las regiones más
importantes en materia cinegética. En
este sentido, aportó una serie de datos
para demostrar la relevancia del sector, como
que en la región existen 7,2 millones
de hectáreas donde se ubican 5.800
terrenos cinegéticos, lo que supone que
el 95% de la superficie de la comunidad es
susceptible de ser objeto de esta
actividad.
Asimismo, incidió en que un gran
número de personas practica la caza en
Castilla-La Mancha, de manera que se emiten
180.000 licencia al año en la
región. Un sector que además
cuenta con 6.500 empleos fijos directos y un
número de jornales al año que
superan los 1,6 millones y se genera una
facturación anual de 600 millones de
euros.
La titular de Agricultura puso especial
hincapié en que la caza en muchos
municipios de esta comunidad
autónoma es uno de los elementos de
arraigo poblacional más importante, y
aseguró que lo que se pretende con
esta ley es regular la actividad de una forma
ordenada y sostenible así como
respetuosa con el medio ambiente.
Soriano defendió que la norma es
resultado de una participación
pública «activa, intensa y
transparente», ya que durante el
período de alegaciones al proyecto 34
personas o entidades hicieron aportaciones que
derivaron en 169 alegaciones.
En cuanto a la enmienda a la totalidad
presentada por el Grupo Parlamentario
Socialista, la consejera afirmó que
parece denotar «o bien desconocimiento
o bien intención de posicionarse junto a
aquellos que están en contra de la
Ley».
Del mismo modo, respondió a las
miles de firmas presentadas por la Plataforma
contra la ley de caza preguntando en
qué artículo dice que se va a
poder disparar a perros y gatos sueltos en el
monte, o que se van a cerrar caminos
públicos, o que se puede multar con
hasta dos millones de euros a quien se salga
de un camino por una necesidad
fisiológica. Soriano dijo que todo ello
es mentira y lamentó que los
ciudadanos hayan sido
«engañados» con este tipo
de afirmaciones.
los grupos. Por su parte, el portavoz
socialista, José Luis González,
pidió al Gobierno que retire la Ley y
que se debata una nueva norma con consenso,
puesto que reprochó a la consejera de
Agricultura que en ningún momento
durante la tramitación el Gobierno
haya «tenido el valor de ponerse en
contacto con el PSOE», y que
sólo hayan hecho una
«simulación de
negociación» con algunos
colectivos implicados.
Sea como fuere, González quiso
dejar claro que el PSOE no está en
contra de la caza sino a favor, y que lo que no
comparte es el modelo
«comercial» que consideran que
recoge la nueva Ley de caza impulsada por el
Ejecutivo del Partido Popular.
Por contra, la portavoz del Grupo
Parlamentario Popular, Carolina
Hernández, acusó a los
socialistas de hacer «demagogia»
y decir «mentiras» en torno a
esta Ley.
La enmienda a la totalidad del PSOE
quedó rechazada por los votos en
contra del PP, con lo cual la Ley
seguirá ahora su trámite con el
debate de las enmiendas parciales.
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