La nueva Ley de Montes que
acaba de ser aprobada por el Consejo de
Ministros ha sido contestada por diversos
colectivos que tienen intereses en el
mantenimiento y conservación de los
bosques.
El punto de mayor fricción tiene
que ver con la autorización del cambio
de uso forestal de un terreno incendiado
cuando haya «razones imperiosas de
interés público de primer
orden». Según grupos proteccionistas,
esta excepción, que permite a las
comunidades autónomas recalificar
áreas quemadas, puede incentivar los
incendios intencionados, extremo que ha
negado la ministra de Medio Ambiente, Isabel
García Tejerina, aclarando que la
construcción o el desarrollo
urbanístico de viviendas no
entraría en ese carácter de
excepcionalidad.
La modificación de la Ley de
Montes era necesaria después de diez
años en vigor de una normativa que
había evidenciado lagunas, sobre todo
en la gestión sostenible de las masas
forestales. Era necesario incidir en el necesario
equilibrio de los tres pilares imprescindibles en
el mantenimiento de los espacios verdes: el
económico, el ecológico y el
social. Y también en el reforzamiento
de los mecanismos de lucha contra el cambio
climático.
La normativa aprobada supone un conjunto
de mejoras en la calificación y
conservación de los bosques,
así como en el aprovechamiento de sus
recursos, que busca dar un paso adelante en la
sostenibilidad del patrimonio natural y en su
sostenibilidad. Tiene unos objetivos muy
ambiciosos, cuyo cumplimiento
dependerá de su desarrollo y del
interés de las comunidades
autónomas. Se pretende que sea un
instrumento válido en la lucha contra la
despoblación rural, un problema muy
serio en provincias como Zamora.
No parece un acierto que una ley marque
excepcionalidades porque da pie a malas
interpretaciones y a una cierta inseguridad
jurídica. Cuando se permite a las
comunidades autónomas, aunque sea
por razones imperiosas de interés
público, acordar el cambio de uso de
un monte incendiado, se está abriendo
la espita a las interpretaciones y a la
especulación, debilitando así la
prohibición, que se ha demostrado
efectiva, de recalificar terrenos quemados al
menos durante 30 años. El Ministerio de
Medio Ambiente, por su parte, hace una
lectura muy diferente. Con la medida,
según la Administración, lo que
se pretende es impedir que un fuego
intencionado obstaculice actuaciones de
interés general, por ejemplo evitar
expropiaciones cuando se ejecutan obras
públicas.
El texto, y esto sí que supone un
avance, incluye nuevos mecanismos de lucha
contra el tráfico de madera ilegal, un
delito que ha ido a más en los
últimos años y que, aparte del
peligro de deforestación que supone
para algunas zonas, es el camino directo a la
expansión de enfermedades. La
normativa liberaliza la gestión de
montes privados y públicos no
catalogados, a los que no obliga de manera
expresa a contar con planes de
explotación, un mandamiento que
sí se incluía en la
modificación de 2006, que
obligó a todas las masas forestales a
contar con instrumentos de
gestión.
Los grupos proteccionistas también
han cuestionado que la normativa que busca
contribuir a la conservación de la
biodiversidad y el aprovechamiento
económico de los recursos forestales
incluya asuntos de regulación
cinegética. Precisamente los cazadores
también han criticado el texto por
considerarlo «insuficiente» en algunos aspectos
y, respecto a la creación de un registro
nacional de infractores, piden que se cree un
Consejo Nacional de Caza para que desarrolle
reglamentariamente esta
cuestión.
La nueva Ley de Montes es muy
importante para Zamora, una provincia que en
los últimos años se ha situado a
la cabeza en número de incendios
forestales y que destina el 46% de su
territorio, más de 484.000
hectáreas, a la explotación de
bosques. Del casi medio millón de
hectáreas, la propiedad está
repartida casi al 50% entre las masas de
titularidad pública (232.000
hectáreas) y la privada (252.000). Los
terrenos públicos se distribuyen entre
316 poseedores, que son en su mayoría
ayuntamientos, con un tamaño medio
por explotación de 734
hectáreas. Por el contrario, en la
distribución de las parcelas privadas
impera el minifundismo, con un nivel de
gestión muy deficiente.
Zamora debe aprovechar el nuevo texto y
exigir a la Junta, como contempla la
normativa, que simplifique los procedimientos
para poner en marcha modelos técnicos
de gestión, a los que se puedan sumar
voluntariamente los propietarios forestales,
ampliando con más competencias la
figura de monte de socios. La provincia tiene
una gran riqueza forestal y debe explotarla con
una adecuada gestión. Una ley que
pretende frenar la despoblación rural
tiene mucho que decir en esta provincia.
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