Todos los que han partidipado en esta negociación coinciden en que ha sido una experiencia difícil. Tanto, que hasta última hora ha habido sorpresas. Ayer tuvo lugar la comisión parlamentaria para emitir el dictamen definitivo sobre la Ley de Caza del País Vasco, que se aprobará a lo largo de este mes en el Parlamento. Los puntos más conflictivos eran aquellos que afectaban a las distancias de seguridad y desde hace dos semanas ya había acuerdo entre PNV, PSE, PP y Aralar: un perímetro de 200 metros para núcleos rurales, agroturismos y explotaciones agrarias prioritarias, y uno de 150 metros para edificios habitables aislados.
No gustaba nada esto último a los cazadores porque, decían, verían limitada en gran medida su actividad ante la presencia de construcciones que salpican los montes y que la mayor parte del año están vacías, ya que suele tratarse chalets que son segunda residencia. Pues bien, ayer, cuando se creía que todo estaba pactado y a petición del PP, se rebajó la distancia de 150 a 100 metros, cambio que tuvo el apoyo de PNV y PSE -lo que garantiza que la ley prosperará- y que Aralar rechazó.
Hay varias razones que explican esta modificación de última hora -ya antes se había rebajado de 200 a 150-. Entre otras, el parlamentario popular Leopoldo Barreda recuerda que la presencia de edificios aislados en los montes «produce un estrechamiento muy importante del territorio» cinegético. Los cazadores -hay 110.000 licencias en Euskadi- se dan por satisfechos. «Al final, ha habido sensatez».