La nueva Lei de Montes rebaja de tres a dos años la prohibición para cazar en terrenos afectados por los incendios forestales. La Consellería de Medio Rural mantiene, sin embargo, los dos años de margen que deben transcurrir como mínimo desde que una parcela es quemada hasta que se puede volver a dedicar al pastoreo.
Y por un espacio de treinta años no se podrá autorizar un cambio de usos en un monte arrasado por las llamas, es decir, no podrá calificarse como terreno urbanizable.
A pesar de ello, las organizaciones ecologistas, comunidades de montes y el Sindicato Labrego Galego critican que el departamento de Samuel Juárez aproveche la Lei de Montes para relajar las garantías que se introducían en la Lei de Prevención e Defensa contra Incendios, aprobada por el Gobierno bipartito.
Entre las causas que en ocasiones se han utilizado para explicar la elevada actividad incendiaria de una zona se ha apuntado a actividades como la caza, el pastoreo o el interés por convertir terrenos agrarios o forestales en edificables. De ahí que en 2007 el anterior Ejecutivo aprobara una ley limitando el desarrollo de estas actuaciones en terrenos quemados.
Sin embargo, en la nueva Lei de Montes se modifican aspectos de la Lei de Prevención de Incendios, algo que ha molestado a ecologistas, propietarios de montes y al SLG, quienes han expresado su rechazo a esta normativa en el Consello Forestal celebrado el pasado viernes. «Se modifica la ley aprobada en 2007 por la puerta de atrás, sin una base técnica justificada y vaciándola de contenido», denuncia Xabier Bruña, vocal de Adega.
Esta organización denuncia además que la Lei de Montes se elimina la prohibición de plantar árboles de la misma especie en más de 50 hectáreas continuas.
Entre las herramientas de la Xunta para rentabilizar el monte y evitar que aumente el número de tierras abandonadas está el Bantegal, que ha sido reformado por la Lei de Movilidade de Terras que hoy entra en vigor. Según explicó, Samuel Juárez de las 8.500 parcelas integradas en el Banco de Terras, están arrendadas 3.473.
El conselleiro explicó además que ultima con el Gobierno central un convenio para poder incorporar al Bantegal unas 5.600 hectáreas de tierras de propietarios desconocidos.
Cargando...