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La nueva Ley de Caza calienta los ánimos entre cazadores y ecologistas

El anteproyecto de Ley de Caza
de Castilla-La Mancha, aprobado el pasado 25
de septiembre por el Consejo de Gobierno
regional ha intensificado en los últimos
días la confrontación
dialéctica entre los grupos contrarios a
los términos en los que se desarrolla el
texto y las organizaciones de cazadores y
propietarios cinegéticos, a favor.

La Plataforma contra la Caza, formada por
34 entidades ecologistas, animalistas,
deportistas, políticas y sindicales, se ha
mostrado en contra de la futura ley porque
“tendrá un impacto negativo en
la naturaleza”, mientras que
asociaciones como Aproca y Atica ven positiva
la norma para el sector porque dará
“más flexibilidad” a la
actividad. 

 

Miguel Ángel Hernández,
portavoz de Ecologistas en Acción (EA)
en Castilla-La Mancha, expresó a Lanza
la inquietud del colectivo en algunos aspectos
como la captura a tiros de animales
domésticos, como perros y gatos.
“La Consejería no es consciente
de que la legislación en materia de
protección animal ha cambiado para
mejor respecto a la ley anterior (Agricultura
señaló que este punto
también lo contemplaba la
última norma de 1993), no es de
recibo”, señaló en
declaraciones a Lanza. 

 

Aclaró que estos animales
“no son especies cinegéticas y,
por tanto, no se pueden cazar, sin excepciones
ni condicionados”, además de
mostrarse a favor de técnicas
“alternativas de captura” de
perros y gatos asilvestrados que provoquen
daño al ecosistema, a la agricultura y a
la caza. “Hay otras técnicas, con
los dardos anestesiantes”,
aclaró, a la par que denunció
que “si abren la mano para el control de
estos animales, se dejas en mano del guarda
de coto, y nadie sabe cómo lo hace y si
el animal sufre o no”. 

 

Hernández también
calificó de “barbaridad” el
uso de métodos de caza con lanzas o
lazos “prohibidos en el resto de
España”, y las formas
“caducas, retrógradas y
medievales” de abatir jabalíes a
caballo. 

 

El portavoz de EA criticó que
sólo se hayan admitido un 10% del
millar de alegaciones presentadas al texto, y
de las 174 transmitidas por la
organización ecologista “han
aceptado una veintena, el 90% de ellas con
correcciones y sólo una con una
modificación sustancial”. En
concreto, subrayó, “han
introducido una salvedad en cuanto a las
multas de hasta 30.000 euros para las
personas que espanten a la caza (turistas,
apicultores, caballistas,…), si circulan por
vías públicas”. 

 

“El resto que tienen que ver con los
cotos, la defensa animal, el impacto de
protección a la naturaleza y sobre el
uso público de los montes no han sido
admitidas”. 

 

El Partido Animalista -Pacma-
también exigió recientemente
la retirada del anteproyecto de ley por suponer
“un mayor perjuicio sobre los intereses
de animales salvajes e, incluso, de los
domésticos”, así como
llamó la atención de la edad
mínima para la caza (14 años),
“una de las edades más bajas
de todo el país”, además
de “poner en riesgo la seguridad de las
personas que quieran disfrutar de la
naturaleza”.

 

Ambas organizaciones aseguran que la
futura ley incentivará “un
modelo de caza más intensivo y
comercial”, así como la nueva
denominación de zonas colectivas de
caza (antiguos cotos sociales) “es
perjudicial” porque éstos
tendrán que disponer de una superficie
de 1.000 hectáreas, mientras que para
los cotos de caza (privados) solo serán
necesarias 250 hectáreas. 

 

500 años de caza 

 

De su lado, el empresario y consultor en
ecoturismo José Ignacio Vega,
presidente de la Asociación de Turismo
Sostenible de Cabañeros,
también fue crítico con el texto
que se está elaborando para regular la
actividad cinegética en Castilla-La
Mancha. “Nos hemos adherido a la
plataforma porque vivimos en una comarca en
la que se lleva cazando desde hace 500
años, y nos sorprende cuando al
administración dice que esta actividad
enriquece a las poblaciones”,
manifestó. 

 

“Que lo demuestren y manejen los
números reales”, instó a
Administración, dado que la
privilegiada zona de Cabañeros y Montes
de Toledo “es el espacio
cinegético más importante de
Europa por número de
hectáreas, con más latifundios
de caza mayor, pero es una de las sociedades
más pobres de
España”. 

 

Vega denunció el déficit en
infraestructuras de servicios básicos, el
aumento de población envejecida, la
reducción del 50% en renta per
cápita y una deuda de cerca de dos
millones de euros para una demografía
que no llega a los 6.000 habitantes. “Es
una aberración política lo que
están haciendo con la comarca”,
aseguró. 

 

“No es de ricos” 

 

En la otra orilla está la voz de Juan
Caballero, presidente de la Asociación
de Titulares de Cotos, Cazadores y Actividades
afines al sector cinegético de Castilla-
La Mancha (Atica), que resaltó la
excepcionalidad de abatir a animales
domésticos asilvestrados que
amenazan a otros protegidos “como por
ejemplo las especies que anidan en el suelo
como las avutardas”. 

 

“Con el tema de los perros y gatos
critican a la caza como si fuera una actividad
de ricos, cuando el 80% de las licencias de
caza son personas de una renta media y
baja”, dijo y destacó “los
puestos de trabajo que crean las grandes
fincas, que en muchos pueblos es el principal
medio de vida”. 

 

Aseguró que la ley “es
buena” porque dará más
facilidades a los funcionarios, tendrá
menos burocracia y se adaptará
más a la realidad”, así
como en el tema del tipo de cotos “las
sociedades de los pueblos también
podrán acceder a cotos de 250
hectáreas. Con todo, Caballero
señaló que
“todavía le queda mucho
recorrido” y que será el
reglamento de caza “el que
afine” el contenido de la norma. 

 

Demagogia 

 

El presidente de la Asociación de
Caza y Conservadores del Medido Rural
(Aproca), Luis Fernando Villanueva,
también se mostró a favor de la
futura Ley de Caza, se eujó “de
las barbaridades” que están
vertiendo los grupos ecologistas, sobre todo
con el tema de perros y gatos “cuando
en todo el texto no se mencionan esos
animales”. Por ello,
señaló que “ante la
demagogia y las mentiras, analizaremos lo que
dicen porque es querellable”. 

 

Villanueva vio la norma, “que
todavía le quedan muchos
trámites”, positiva por las
medidas para mejorar el estado de las
poblaciones cinegéticas, los cambios en
los cupos en caza mayor, la reducción
de los trámites administrativos y la
profesionalización de los planes de
gestión a través de los planes
de Ordenación Cinegética.

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