La nueva Ley de Caza de
Castilla-La Mancha ha sido aprobada bajo
sorpresa de ecologistas e integrantes de
medios rurales y medioambientales que no han
tenido ni oportunidad de hablar con la
Consejería de Agricultura para tratar
los puntos que consta.
El pasado martes se reunía el
Consejo Asesor de Medio Ambiente junto a la
Consejera y al Director General de Montes y
Espacios Naturales, Javier Gómez
Elvira, que les aseguró que el texto
pasaría por una segunda vuelta por el
Consejo de Caza para evaluar los puntos a
modificar tras el periodo de alegaciones que se
abrió. Sin embargo, no ha sido
así, y el Consejo de Gobierno ha
aprobado ya el anteproyecto.
De lo que se deduce que desde la
Consejería de Medio Ambiente les
mintieron, como destacan Ecologistas en
Acción. Escondieron el estado real del
texto que en realidad ya estaba preparado
para ser presentado desde que se reunieron.
De hecho ni se han contestado a la
mayoría de sugerencias realizadas por
los entes medioambientales.
La nueva ley «premia» la actividad de la
caza y de hecho la intensifica y subvenciona,
implementando prácticas
además que se consideran salvajes.
Uno de los ejemplos es que se permite matar
perros y gatos. El uso público de los
montes castellano-manchegos pasaría
a ser la caza y de hecho se castiga al que
moleste en su práctica.
Desde Ecologistas en Acción se
considera que la Junta ha actuado de nuevo
con clandestinidad al esconder el estado real
del anteproyecto y aprobarlo sin consultar a los
órganos mencionados, caso similar a
cuando descatalogó refugios de fauna y
posteriormente el Tribunal Superior de Justicia
de Castilla-La Mancha eliminó dicho
decreto, en una actuación que desde la
asociación ecologista tildan de
«deshonesta». «Ya se acaban los adjetivos para
definir la lamentable forma de actuar del
Gobierno y de la Consejería de
Agricultura y Medio Ambiente».
La Plataforma contra la Ley de Caza ha
anunciado que presentarán alegaciones
para tratar de frenar o al menos modificar
determinados puntos de una ley que
consideran que tendrá consecuencias
muy negativas para el entorno rural. Han
presentado su total rechazo a la
aprobación de dicha ley y a los puntos
que toca y a los que se refiere, así
como a subvencionar la caza intensiva.
Dicha ley también permite cerrar
caminos, la caza con trampas, el cambio de
modelo de la caza con más intensidad
y comercial en cotos más cerrados y
vallados, multas a cualquier distorsión
de la actividad de la caza por parte de
cualquier persona o prácticas masivas
que atentan contra la seguridad no sólo
de especies protegidas como el lince
ibérico sino contra la de las propias
personas.
Se han sumado ya 35.000 firmas dentro
de la campaña iniciada por Ecologistas
en Acción para derogar el
anteproyecto.