La nueva ley permite la caza mayor en terrenos con 40 centímetros de nieve

Gestores cinegéticos cuestionan que se pueda superar en un 20% el cupo de especies menores fijado en el Plan y que los desmogues sean del dueño del terreno

La nueva Ley de Caza que tramita la Junta de Castilla y León, y que evita en su pronunciamiento la histórica denominación de caza al pasar a llamarse Ley de Gestión Sostenible de los Recursos Cinegéticos, y se halla en audiencia pública y periodo de alegaciones, tiene entre sus novedades la posibilidad de practicar la caza mayor cuando el suelo esté cubierto, de forma continua, con un espesor «de hasta 40 centímetros de nieve», o «hasta de 10 centímetros» en caso de la menor. Un estado que es considerado por algunos gestores y cazadores como un atropello por cuanto que «las huellas las sigue en esas condiciones un ciego», o porque en una mancha completamente vestida de blanco cualquier animal que se mueva está expuesto a la vista sin ninguna posibilidad de camuflaje, además de una enorme limitación en su movilidad.

También llama la atención el punto referido a no disparar cuando no haya sido reconocida la especie, o cuando no se distinga la edad y/o sexo del ejemplar, aunque, se matiza, siempre que sea posible y la autorización de caza esté condicionada a tales características.

El biólogo, gestor cinegético y cazador, José Ignacio Regueras, que ve una mejora de la presente Ley con respecto a la anterior, se pregunta no obstante «si es admisible y no es una contradicción con la planificación que para las de caza menor se permitirá superar el cupo medio anual fijado en el plan cinegético hasta en un máximo del 20 por ciento». Es uno de los apartados del artículo referido a los cupos de extracción. «¿No se contradice con el cupo máximo de capturas del plan cinegético?»

Asimismo, en lo tocante a propiedad de las piezas de caza, Regueras repara en el apartado de la Ley que señala que «el derecho a recoger y disponer de los desmogues corresponde al propietario del terreno». Pone de manifiesto que «entra en contradicción con el artículo 610 del Código Civil, que dice que los animales de caza y pesca no tienen dueño». «Los animales de caza no tienen dueño, pero una parte de ellos sí. No se entiende. Recoger un desmogue no es cazar» indica el gestor.

Añade en su alegato que «es cierto que los Artículos 354 y 355 del Código Civil dicen que pertenecen al propietario los frutos naturales, como las crías y demás productos de los animales. En 1889 cuando se publicó el Código Civil, quiero entender que el legislador se refería solo a los animales domésticos. Muy probablemente -a finales del siglo XIX- todos los aprovechamientos de los escasos cérvidos solo eran disfrutados por la familia real y por la nobleza (duques, marqueses y condes) y se entendía como algo normal. Pero estamos en el siglo XXI y en un estado de derecho».

Otro apartado de la Ley que llama la atención de Regueras tiene que ver con el transporte y comercialización de piezas de caza muertas. «Una pieza de caza atropellada, según este artículo, sería ilegal subirla al coche (en periodo de veda) y trasladarla. ¿Que habría que hacer -por ejemplo- con un corzo que te encuentras atropellado en la carretera, cuando el conductor tiene interés en dicho animal?» se pregunta. Y recuerda de nuevo «que los animales de caza no tienen dueño y que recoger un animal muerto en una carretera no es cazar».

También el cupo fijado para las especies cinegéticas es una cuestión controvertida porque, en casos, es una licencia para acabar con todas las existencias al no existir población para satisfacer el número por cazador y día. «Debería fijarse el cupo por coto y temporada, no por cazador y día» en el criterio de Regueras. Los redactores de la Ley mantiene la tórtola entre las especies cazables a pesar de los informes que revelan un declive de su población.

La Asociación para la Conservación y el Estudio del Lobo Ibérico (Ascel) no presentara alegaciones al texto de la presente Ley. «Para qué vamos a participar si luego se va a judicializar» expresa Jorge Echegaray, que remarca que «la Junta de Castilla y León debería esperar al resultado del Tribunal Constitucional», donde está recurrida la modificación de Ley de Caza aprobada como solución provisional ante las sentencias del Supremo. Echegaray califica de «huida hacia adelante» la elaboración de una nueva Ley de Gestión de los Recursos Cinegéticos, y predice que padece «los mismos fallos que la anterior». Considera «una irresponsabilidad» tomar parte en esta Ley, antes de esperar el fallo del Constitucional, y habla de «presunta prevaricación y de temeridad hacer una nueva normativa». «La Junta de Castilla y León tiene otros intereses, posiblemente sectoriales, y no defiende el bien público» subraya Echegaray.

Foto: deonissafaris

Fuente. La Opinión de Zamora