Este domingo, los despertadores de cientos de burgaleses sonaban antes de lo habitual. Los amantes de la caza menor llevan tiempo esperando la apertura de la media veda de codorniz y tórtola y, aunque hay plazo hasta el 19 de septiembre para llenar las perchas de piezas, las ganas de salir al campo hacen presagiar una gran afluencia de cazadores el día del estreno. Sin embargo, también hay otra realidad que mantiene preocupado al mundo cinegético: nunca han sido tan pocos. Y es que los últimos datos que dispone la Junta de Castilla y León sobre el número de licencias hablan de un caída del 35% en los últimos seis años. Así, de las 6.185 que había registradas en 2004, se ha pasado a las 4.019 de 2009 (última fecha de la que hay datos).
En la Federación de Caza de Burgos no sorprenden estas cifras y las asumen con resignación. Prueba de ello es la reacción del vocal de relaciones con los medios, Ángel Moral, que, bastante explícito y no sin cierto pesar, comentó que dar la vuelta a la situación es como «luchar contra los elementos».
En cualquier caso, también existen algunos motivos que explican el descenso, aunque algunos de ellos desalientan y casi dan la batalla por perdida. El primero de ellos tiene difícil solución y habla de falta de motivación en las nuevas generaciones. «No hay regeneración. La juventud prefiere ir a las discotecas y no se plantea madrugar para ir a cazar», sostuvo realista Moral.
Otra de las razones que señalan en la Federación para explicar el bajón en el número de licencias es el económico. Si la caza es, ya de por sí, una afición cara; parece que lo es todavía más en tiempos de crisis. «Los cotos son caros y hay que ser un verdadero amante», reconoce Moral. Aunque es difícil establecer un precio medio (depende de la zona, dimensión…) cada cazador podría desembolsar, en algunos cotos, cerca de 1.000 euros al año.
Y precisamente los cotos son, además, más caros ahora de lo que lo eran antiguamente. Para empezar hay que contar con los gastos de un seguro que puede elevar el coste en 2.000 o 3.000 euros. Y a esto, sumar, entre otras cosas, el precio que se haya acordado por el arrendamiento, las tasas al Ministerio de Medio Ambiente o el pago al ayuntamiento de turno.
En la suma de impedimentos hay que añadir las «trabas», cada vez más numerosas, que se encuentran los ciudadanos para que se les conceda un permiso de armas. Un problema que en principio pudiera parecer menor pero que, según apunta Moral, también puede contribuir a la caída de cazadores de los últimos años.
La región, igual
La provincia de Burgos no es una excepción en el descenso del número de licencias de cazadores. La tendencia en el resto de la región sigue las mismas pautas y desde 2004 se han perdido 13.012. En concreto, de 43.693 a 30.681, tal y como señalan los últimos datos publicados por la Junta de Castilla y León.
En cuanto al número de cazadores, León es la provincia que cuenta con más licencias de toda la región con 5.849. Por detrás aparece Salamanca con 4.653 y ya en tercer lugar está Burgos con 4.019.