La reforma de la Ley de Montes,
cuyo proyecto fue aprobado recientemente por
el Gobierno, tiene como objetivos
«contribuir a la conservación de
la biodiversidad, la prevención de los
incendios forestales, la lucha contra el cambio
climático, y el aprovechamiento
económico de los montes».
Sin embargo, el texto –que ahora
tendrá que pasar por el Congreso y el
Senado– era esperado con temor por los
colectivos ecologistas al dejar en manos de las
comunidades autónomas la potestad de
autorizar la construcción en los montes
arrasados por los incendios forestales.
La ley ahora en vigor, aprobada en 2006,
prohibe el cambio de uso forestal de las zonas
incendiadas al menos durante 30 años.
De esta forma se evitaba que se provocaran
incendios forestales con fines especulativos con
la recalificación del uso del terreno. La
nueva normativa echa por tierra esta medida
disuasoria al fijar que las comunidades
«podrán acordar cambios de uso
forestal en zonas incendiadas, justificando la
existencia de un interés general
prevalente y mediante el establecimiento de
medidas compensatorias».
Partiendo de esta premisa, lo
conservacionistas denuncian que «existe
el riesgo de que se vuelvan a provocar
incendios para permitir la construcción
en zonas quemadas». Tal como apuntan
desde SEO/BirdLife, el nuevo texto deja
«conceptos abiertos a
interpretación» que
podrían favorecer la actuación
de pirómanos con fines
especulativos.
Sin embargo, la propia ministra de
Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente, Isabel García Tejerina,
defiende ese cambio en el uso de suelos
incendiados cuando «concurran razones
imperiosas de interés
público». Esto, según la
titular del departamento, pretende
«disuadir» de fuegos
intencionados, dado que se incluirán
importantes sanciones para los infractores,
multas que podrían llegar al
millón de euros.
Otro de los asuntos denunciados por los
ecologistas son los cambios relacionados con la
actividad cinegética recogidos en el
proyecto de reforma. El texto contempla la
elaboración de una Estrategia Nacional
de Gestión Cinegética que
regula el reconocimiento de licencias
‘multiautonómicas’, la creación
del registro de infractores de caza y pesca y
las actuaciones sanitarias en especies
cinegéticas. Para Ecologistas en
Acción esto responde a la
«importante relación»
entre el Ministerio y el Partido Popular
«con el sector cinegético, al que
favorece con estos cambios. Supone
además una invasión en
competencias
autonómicas».
Por el contrario, la medida es bien recibida
por los cazadores. La posibilidad de tener una
licencia única para cazar en varias
comunidades autónomas era una
«reivindicación histórica» de la
Real Federación Española de
Caza, tras la desaparición hace 30
años de la licencia nacional.
El presidente de la RFEC, Andrés
Gutiérrez Lara, recordó que
esta es una de las peticiones trasladadas a
Agricultura hace dos años, porque «la
licencia única es algo absolutamente
necesario para el colectivo de cazadores. Era
un disparate tener que sacar 18 licencias
diferentes. Esto era equivalente a tener que
tener 19 carnets de conducir, incluyendo
Melilla».
El máximo responsable federativo
también destacó la
creación de una Estrategia Nacional de
Gestión Cinegética que
permitirá que se coordinen los aspectos
cinegéticos que afecten a varias
Comunidades. Así espera que ponga fin
a «situaciones como la de abatir una
acuática en un margen de un rio que
hace de frontera territorial, pudiera ser delito y
en el margen contrario absolutamente
legal».
Respecto al Registro Español de
infractores de Caza y Pesca, Lara
destacó que «elimina serios
quebraderos de cabeza, ya que, hasta el
momento, una persona con una sanción
grave en materia cinegética en una
comunidad autónoma a la que se le
había retirado la licencia podía
cazar con absoluta libertad en cualquier otra y
esto no se podía tolerar»
Planificación forestal
Por otra parte, los ecologistas consideran
que la reforma de la Ley de Montes supone
también «un grave retroceso en la
exigencia de una adecuada
planificación forestal». En la ley aun
vigente se establece la obligatoriedad de que
todos los montes cuenten con un instrumento
de gestión; sin embargo, con este
proyecto «se elimina dicha obligatoriedad»,
apuntan Ecologistas en Acción.
En el artículo 33 se establece que
las comunidades autónomas
decidirán en qué montes
privados será obligatorio este
instrumento de gestión y en la
disposición transitoria segunda se
amplía a 25 años el plazo para
tener un instrumento de gestión
forestal, «lo que supone en la práctica
casi eximirles de dicha obligatoriedad.
Además se da un trato de favor a los
aprovechamientos forestales de crecimiento
rápido, ya que se les permite gestionar
estos cultivos según su propio
criterio»
En este punto, el decano del Colegio de
Ingenieros de Montes, Carlos del
Álamo, mostró la «positiva
valoración» del proyecto de ley pues
«actualiza la legislación sobre los
montes en el sentido de incorporar los montes
al capital natural de las infraestructuras verdes
y la consideración de los servicios
ambientales que prestan los montes como un
activo que puede revitalizar la
economía del monte».
Del Álamo celebra,
además, la puesta en valor de los
recursos del monte tradicionales como
«la madera, la resina o la caza»,
así como de los servicios ambientales
que, a su juicio, «tienen también
un valor de mercado». «Todos los
ciudadanos consumimos naturaleza que, en
gran parte, está constituida por los
montes españoles», añade.
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