Las últimas denuncias en
torno al furtivismo en la comarca sanabresa ha
desatado una serie de reacciones.
Tras la de la Federación de Caza,
que acusa de «complacencia y
colaboración» a los encargados de velar
por el cumplimiento de las leyes, es ahora la
Federación de Servicios
Públicos de UGT la que responsabiliza
directamente a la Consejería de Medio
Ambiente de haber entrado «en una peligrosa
conducta de dejación de funciones,
despreocupándose de dotar de unos
mínimos medios para mejorar la
eficacia».
Los trabajadores de Medio Ambiente van
más allá y subrayan lo que bajo
su punto de vista es una «total
descoordinación con las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado, que se
traduce en una merma de rendimiento a la
hora de perseguir ilícitos
penales».
La Consejería de Medio Ambiente,
en respuesta a estas acusaciones, se ha
limitado a remitirse a las declaraciones
efectuadas durante los últimos
días por el delegado territorial, Alberto
Castro, en su postura de hacer frente al
furtivismo e investigar todas aquellas
prácticas irregulares que se
detecten.
Desde la Federación de Caza de
Castilla y León se relacionaba la
ausencia de denuncias contra furtivos en
Sanabria por «el temor de unos, y la
corrupción de los custodios de la ley».
Unas afirmaciones que no han sentado bien
entre los empleados públicos de
montes de la Junta que manifiestan su
«absoluto rechazo» a las acusaciones contra los
agentes y celadores medioambientales.
Las afirmaciones de la Federación
de Caza, consideran, «criminalizan, sin motivo
y sin pruebas», a estos trabajadores, «cuyo
único delito es su enorme
vocación y voluntad de servicio para
suplir las numerosas carencias en su trabajo
diario. Entre ellas citan la falta de medios
informáticos, modernización de
los sistemas de comunicaciones,
integración en el 112, creación
de unidades contra envenenamientos de fauna
o la coordinación con la Fiscalía
de Medio Ambiente. Un trabajo el suyo,
subraya la Federación de Servicios
Públicos, «que pasa muchas veces
desapercibido, pero del que depende la
conservación y aprovechamiento de
nuestro medio natural».
Las competencias en cuando a caza,
pesca, incendios forestales, residuos o especies
protegidas, insisten, corresponden a la Junta
de Castilla y León, «que cuenta con el
personal adecuado y cualificado para llevarlas
a cabo, pero se desentiende de su ejercicio»,
reprochan. Y van más allá al
especificar que la Administración
regional en Zamora «ha asistido de forma
impasible a la retirada del arma corta que
tenían en dotación algunos
agentes, lo que dificulta una acción
eficaz contra el furtivismo y merma la
seguridad de sus empleados».
Tras los casos de furtivismo denunciados,
concluyen, es a la Consejería de Medio
Ambiente «a la que hay que pedir
responsabilidades por lo que acontece», y no a
los trabajadores.
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