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Los agroturismos exigen que la caza se aleje más de los caseríos y bidegorris

El Parlamento Vasco tendrá una difícil tarea por delante si pretende dar satisfacción con la nueva Ley de Caza, ahora en tramitación, a las partes enfrentadas en este conflicto: los aficionados a esta actividad, de un lado, y los habitantes del medio rural, de otro.

Los propietarios de agroturismos agrupados en la asociación Babestu Bizitza se sumaron ayer al coro de críticas hacia el borrador de la nueva normativa y mostraron su rechazo a los límites de seguridad que se marcan en el texto respecto a zonas habitadas, caminos y bidegorris. En todos los casos, los ven insuficientes y peligrosos. «Son un atropello contra la seguridad de los habitantes del medio rural», señalaron.
 
El aspecto más polémico de la futura Ley vasca de Caza -que sustituirá a la obsoleta legislación actual, que data de 1970 y es de origen estatal- es el referente a la protección de los lugares habitados o de paso frecuente en los montes. El texto diseñado por el Gobierno Vasco determina por primera vez que se deben proteger las vías para ciclistas y las sendas de interés ecológico, y señala para ello un margen de seguridad de 20 metros. Esa franja se amplía a 50 metros para ríos y caminos y hasta 200 para granjas, caseríos y chalés.
La «escasez» de estos márgenes ha disparado las alarmas en algunos sectores.

La organización agraria Enba señaló ayer que «hemos recibido numerosas denuncias y quejas por parte de agroturismos y casas rurales de Euskadi por la situación de total falta de seguridad que suponen los 20 metros contemplados en el proyecto para los bidegorris y vías verdes», apuntaron. Esta distancia, además, según los afectados, «puede quedar reducida a cero en las vías verdes, caminos de menos de dos metros de ancho o cuando el cazador cree que puede ver a una distancia de 250 metros en cada sentido. Todo ello supone un atropello contra la seguridad de los habitantes», agregaron.

Enmiendas y ponencia

Los agroturismos aseguran que no entienden «cómo los ayuntamientos no han hecho una mayor presión» para limitar aún más la actividad cinegética. Y alertan de que la situación puede empeorar para sus intereses si el «lobby» de los cazadores, como lo denominan, consigue hacer valer sus propuestas para estrechar los márgenes de seguridad. Los cazadores creen que la caza se puede ver amenazada por las restricciones, hasta resultar inviable en Vizcaya y Gipuzkoa -en Álava sólo se caza en cotos-.

La tramitación de la ley tiene que pasar ahora a una fase de ponencia, en la que los partidos políticos representados en el Parlamento aportan sus ideas al borrador redactado por el Gobierno. Después, el texto pasa a ser votado por el pleno, y entrará en vigor si resulta aprobado. El PNV da por buena la filosofía del texto actual. El PP y las formaciones de izquierdas tienen intención de tratar de modificar los márgenes de seguridad.

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