Las sociedades de cazadores en Asturias alegarán contra quince artículos del proyecto del nuevo reglamento de armas del Ministerio del Interior. La Asociación de Empresas Cinegéticas del Principado de Asturias (Asocipas) convocó ayer a representantes de 52 sociedades para redactar las alegaciones al proyecto que se publicó el pasado 30 de noviembre en el «Boletín Oficial del Estado» (BOE).
El artículo que más preocupa a los cazadores, y contra el que también alegarán, es el que hace referencia a la prohibición de armas semiautomáticas -las más comunes- con cargadores móviles con capacidad para más de tres tiros. El reglamento también quiere evitar que este tipo de armas «con herramientas normales puedan ser transformadas a una capacidad superior».
Los cazadores explican que los cargadores fijos son casi inexistentes en el mundo de las armas semiautomáticas, ya sean rifles o escopetas, a excepción de Francia, donde los cargadores móviles sí están prohibidos. Así, aseguran que si el reglamento prosperase, en España no se podrán utilizar armas con capacidad de disparo con más de tres tiros para cazar (uno en la recámara y dos en el cargador).
Según los cálculos del sector cinegético, la medida podría implicar la ilegalización del 60 por ciento de las 75.000 armas legalizadas en Asturias, es decir, unas 45.000 armas. Por su parte, la Federación Española de Caza estima que en toda España habría que destruir 800.000 armas. El coste de cada uno de estos rifles y escopetas puede llegar a superar los 6.000 euros.
«Nosotros estamos a favor de que se endurezcan las sanciones, que se paguen multas más altas, y que te retiren el arma hasta que pagues la sanción. Pero lo que no se puede hacer es aprobar este decretazo, que dejará inutilizadas miles de armas que la gente compró legalmente», explicó ayer a este periódico uno de los portavoces de la Asociación de Empresas Cinegéticas del Principado, José Manuel Rancaño.
Otro de los artículos polémicos que recurrirán los cazadores asturianos es el que prohíbe el uso del calibre 30.06. «Parece que lo quieren anular para caza. Era un calibre del Ejército que autorizaron para la caza. Ahora vuelven a cambiar la autorización, y es un calibre muy habitual para caza mayor», concretó Rancaño al término de la reunión de las sociedades de cazadores, que se celebró ayer en un conocido restaurante de Posada de Llanera.
Uno de los aspectos del reglamento que critica el sector cinegético es que la redacción del documento se ha hecho a hurtadillas. «A los representantes de asociaciones a nivel nacional les dijeron que no se preocupasen, que habría reuniones para alcanzar un consenso, y lo siguiente fue la publicación en el BOE», se quejan los cazadores asturianos. La Oficina Nacional de la Caza, que agrupa a todo el sector en España, les da la razón y afirma que se han ignorado por completo sus peticiones y califica el proyecto como el más restrictivo de Europa. «España e Italia tenían el reglamento más restrictivo de Europa, y ahora lo quieren endurecer aún más», se quejan los cazadores asturianos. La secretaría general técnica del Ministerio del Interior ha fijado como plazo para alegar contra el proyecto de este reglamento el próximo día 27. Otros colectivos como los fabricantes de armas, y las armerías, a título individual y colectivo, también están remitiendo alegaciones a este organismo.
«Esto que quieren hacer es muy grave, gravísimo». David Junquera regenta una armería en Oviedo y desde hace unos días sus clientes no paran de pedirle información sobre el nuevo reglamento de armas que prepara el Gobierno. Él les responde con dureza y sinceridad que es muy grave. Él ya ha alegado a título individual, como empresario, contra un buen puñado de artículos del documento y anima a sus clientes a que también lo hagan. «La gente no se enteró todavía, hay mucha desinformación», se queja.
Junquera despliega sobre el mostrador una carabina del calibre 22, ante la atenta mirada de un cliente, Alberto Álvarez -cazador, tirador y vendedor de armas-, que, a pesar de la experiencia, reconoce que «siempre se aprende algo». Lo que explica el armero es que con el nuevo reglamento se exigirá la licencia F (tiro deportivo) para las carabinas del calibre 22, lo que implica federarse como tirador deportivo y pagar el canon de campo para poder tirar, lo que asciende a unos 250 euros.
Pero lo que más inquieta a Junquera es el tema de las semiautomáticas. «Se quieren cargar de un plumazo las armas semiautomáticas, que es el 90 por ciento de la mercancía que yo vendo», explica David Junquera. «No hay rifles con cargadores fijos y ahora mismo sólo existe una escopeta en el mercado con las exigencias que fija el reglamento, la Benelli Montefeltro Becada», explica el joven. «Esto es un disparate», apostilla el cliente, Alberto Álvarez. «Conseguirán que la gente traiga las cosas desde fuera y tendremos que cerrar», lamenta el armero.
David Junquera defiende que se endurezcan las sanciones a los cazadores, pero nunca que se ilegalicen armas. «Al que pillen en el monte con un cargador de más de tres tiros en su arma que le apliquen una buena sanción. Que hagan como con las multas de tráfico», reclama Junquera. Las armerías defienden que su sector crea alrededor de 36.300 puestos de trabajo y que facturan más de 2.753 millones de euros al año.
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