La polémica sobre el coto
de caza de Tudela parece no tener fin.
Después de que hace unas
semanas el nuevo equipo de gobierno
anunciara que su intención es
gestionarlo de forma directa, la
Asociación de Cazadores Deportivos de
Tudela ha criticado esta postura y asegura que
la “única
preocupación” del citado equipo
de gobierno es “la presión de los
agricultores ante los daños que se
producirán en los cultivos si no se caza
el conejo y no se gestiona adecuadamente el
coto”.
El origen de esta polémica se
remonta a hace casi tres años, cuando
se detectó un caso de envenenamiento
que provocó la muerte de más
de 140 aves, algunas protegidas, y por el que
está imputado el que fue presidente de
la anterior asociación, entre otros. A
raíz de esto el Gobierno
sancionó a la entidad con dos
años de prohibición para cazar
por no haber avisado del envenenamiento.
Luego se creó una nueva entidad y se
le adjudicó el coto, pero finalmente se
rescindió el contrato porque el
consistorio alegó que la
asociación pagó el canon fuera
de plazo. Además, el TAN
consideró posteriormente que la
asociación actual era la misma que la
anterior porque estaba formada por las
mismas personas. El coto lleva cerrado desde
febrero de 2014.
La entidad, formada por más de
250 socios, dice estar “harta” de
que se les imputen hechos con los que no
tienen nada que ver. “Somos los
primeros en condenar y denunciar cualquier
mala práctica que atente contra la
fauna silvestre”, dijo su presidente,
Bruno Belío. Además,
aseguró que es “falso”
que se comprometieran a renunciar a la
adjudicación del anterior equipo de
gobierno y que siguen interesados en la
gestión.
Pero muestra su preocupación
porque dice que se incluyeron dos nuevas
condiciones “al margen de la
negociación”. “Nos dejan
atados de pies y manos en cuanto a la
responsabilidad de los daños, que en la
adjudicación se establece como
responsabilidad objetiva, es decir, que si se
produce un daño lo deberá pagar
la asociación con independencia de
quién sea el culpable”,
señaló Belío.
A este respecto propone que las
condiciones incluyan la obligación para
el agricultor de implicarse en la
prevención de los daños
avisando a los cazadores antes de preparar las
tierras para realizar las labores de
prevención, como
“desconejar” antes de la siembra
o plantación; instalar barreras y otros
medios disuasorios; o asumir daños
dependiendo de las necesidades. “En
cuanto a las indemnizaciones, estaremos a lo
que marca la legislación, no a su pago
ineludible por la mera existencia de
daños”, recalca.
También propone que no se
arrienden terrenos de escaso valor
agrícola y abundante presencia de
conejos “donde lo poco que nazca se lo
comerán” y considera que los
terrenos comunales improductivos o poco
rentables se tendrían que recuperar
para el medio ambiente.
La asociación añade que es
ella misma, por experiencia, infraestructura y
trabajo voluntario, quien mejor puede
gestionar el coto, ya que asegura que el
ayuntamiento carece de todo ello y
tendrá que contratar personal.
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