La propuesta de la Consejería de Medio Ambiente para fijar el baremo de puntuación que da acceso a los cotos de caza no convence a las asociaciones de cazadores.
Aseguran que si este documento, presentado ante el Consejo Regional de Caza, se aprueba tal cual les llevará a la ruina, ya que la Administración regional propone a las sociedades que contraten más personal si quieren cazar en los mejores cotos.
La Consejería de Medio Ambiente sí contenta parcialmente a los cazadores al ampliar el número de hectáreas que debe vigilar cada guarda, lo que permite a las sociedades reducir el personal que deben tener en plantilla. Sin embargo, según explican los cazadores, la ampliación se ha quedado corta (se establece en 8.000 hectáreas por guarda, cuando los cazadores solicitaban 12.000 hectáreas). Además, ahora el Principado les insta a contratar a otros profesionales, a los que se denomina «técnicos de caza», si las sociedades quieren acumular puntuación para poder salir bien paradas en el concurso de adjudicación de cotos. Del mismo modo, también se puntuará el acondicionamiento de áreas de refugio dentro del coto y la cesión de cacerías con fines turísticos.
Los «técnicos de caza» eran hasta ahora profesionales que las sociedades contrataban en situaciones concretas para redactar el plan de caza, que se diseña cada cinco años. «Ahora quieren que les contratemos y aún no sabemos para qué, no entendemos qué necesidad tiene una sociedad de contar con un profesional de este tipo», explica José Manuel Rancaño, vocal del Consejo de Caza y miembro de la Asociación de Empresas Cinegéticas del Principado. El Principado también dará más puntuación a aquellas sociedades que tengan contratados a guardas complementarios. «Esta propuesta va en contra nuestra y conducirá a muchas sociedades a la ruina», aseguran los aficionados.
Los cazadores sostienen que el 90% de las 55 sociedades de caza que hay en Asturias arrastran graves problemas financieros, con lo que hacer frente a la contratación, además de los guardas, de los técnicos de caza llevaría a muchas de ellas a la ruina. A estos gastos hay que sumar el pago de los daños causados por las especies cinegéticas, que tienen que asumir también las sociedades de cazadores. Según los aficionados, ampliar el radio de acción de cada guarda de caza de las 6.000 hectáreas actuales a las 8.000 sólo conllevará la reducción de cinco guardas de un total de ciento quince que hay trabajando en Asturias.
Rancaño afirma que la normativa se ha desarrollado «en contra de los cazadores y sin tener en cuenta nuestras opiniones». Añade que en la reunión del Consejo Regional de Caza, celebrada el pasado miércoles, la viceconsejera de Medio Ambiente, Belén Fernández, «se negó a que se llevase a cabo una votación del documento y nos propuso que si no estábamos de acuerdo presentásemos alegaciones».
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