El nuevo Reglamento de Armas que tramita para su aprobación el Ministerio de Interior ha movilizado al colectivo de los cazadores cuyos representantes lo consideran «restrictivo, una afrenta al colectivo y un ataque directo» a un sector que, en Zamora, congrega a más de 3.000 amantes de las prácticas cinegéticas, según los datos de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, y de 11.000 según la Delegación provincial de Caza.
Son más de una veintena de artículos los puestos en entredicho. Entre otros puntos polémicos «la imposibilidad de utilizar el calibre 22 para fines cinegéticos (actualmente no admitido) incluso para entrenamientos; la prohibición de armas semiautomáticas a particulares que, con capacidad superior a tres cartuchos, no se pueda garantizar que con herramientas normales pueda ser transformada a una capacidad superior; y la desaparición del régimen de las subastas, que permite a las personas con menor capacidad adquisitiva» conseguir un arma y ejercer como cazador.
Advierten que, de aprobarse la redacción propuesta, «causará un perjuicio a la economía al provocar el cierre de empresas del sector».
La Delegación provincial de Caza de Zamora, presidida por José Antonio Prada, ha remitido un escrito de alegaciones y sugerencias a los cazadores, elaborada desde la Real Federación Española de Caza (Refc) para tratar de modificar el presente texto. Resaltan que «es incomprensible, por no decir insultante, que a cientos de miles ciudadanos que son usuarios de armas se les trate como si representasen un riesgo para la sociedad». Y es que, para el presidente de la Delegación provincial, José Antonio Prada, es vergonzoso que para la obtención de licencia de armas se analice la conducta de los solicitantes, de modo que nada más que alguien tenga una discusión ya no le darán la licencia de armas.
Las alegaciones se centran en más de una veintena artículos, todas ellas debidamente justificadas. Encarecidamente, la Federación Española de Caza solicita una reunión para tratar de explicar los graves problemas que causaría la aprobación de la norma.
La Real Federación de Caza y, los cazadores que asumen como propias las alegaciones elaboradas en tales instancias, justifican todas sus consideraciones. Respecto al calibre 22 afirman que la restricción de su uso para la caza «no tiene justificación alguna». «Eliminar dicha opción provocará que cientos de miles de cazadores poseedores de carabinas dejen de poseer dichas armas con el consiguiente impacto económico y menor preparación del usuario del arma».
Apuntan, además, que «corresponde a las comunidades autónomas establecer los calibres y artes propios para la práctica de la caza en cada territorio».
Son especialmente críticos en cuanto a lo tocante a armas prohibidas a particulares, que de aplicarse tal cual se anuncia ««supone que todas las escopetas semiautomáticas quedarán excluidas ya que todas pueden ampliar su capacidad hasta cinco cartuchos con herramientas normales». Al igual que ocurre con los rifles semiautomáticos, que en buena parte «pueden llevar cargadores extraíbles». Dicen que «la restricción no tiene parangón en toda Europa».
Se preguntan si el Ministerio de Interior «ha considerado las consecuencias de declarar ilegales las armas de más de medio millón de cazadores, y el coste de adaptarlas, que cifra «en no menos de 200 euros». Llegan incluso a señalar que tendrá una «reacción del resto de los países de la UE y de la propia Comisión europea al constatar que España impone barreras injustificables a productos de otros países».
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