Las restricciones que introduce el proyecto de modificación del reglamento de armas, presentado por el Gobierno central el pasado 30 de noviembre, han puesto a los cazadores españoles en pie de guerra.
Sus organizaciones más representativas, agrupadas en la Oficina Nacional de Caza (ONC), disponen hasta el 22 de enero para presentar alegaciones sobre el documento, que está colgado en la web del Ministerio del Interior. No obstante, ya han amenazado con convocar una manifestación en Madrid, similar a la que paralizó la Ley del Patrimonio Natural y Biodiversidad en 2008, si el Gobierno no da marcha atrás.
Una de las principales quejas del sector -si bien han protestado igualmente muchos otros colectivos- es que la nueva normativa proscribe, a su modo de ver, la mayoría de las armas semiautomáticas que utilizan los tiradores deportivos y cazadores españoles, un ‘arsenal’ estimado en caso de los segundos en unas 800.000 escopetas y 65.000 rifles. Por su parte, los armeros creen que, si para el calibre 22 ya no valdrá en el futuro la licencia de escopeta, sino una de tiro, caerán en picado las ventas de ese tipo de carabina y se condenará al cierre a un tercio de las 700 armerías establecidas en toda España.
El reglamento presentado por Interior abarca todas las variedades de armas, incluidas las de guerra, de aire comprimido, las ‘paint ball’, las blancas y los arcos y las ballestas. El controvertido documento prohíbe en su artículo 5 que los particulares utilicen escopetas y rifles semiautomáticos cuya capacidad supere los tres cartuchos, incluido el de la recámara, y cuyos cargadores sean móviles, extraíbles e incluso fijos, en este último supuesto cuando puedan ser modificados con «herramientas normales» para hacer más disparos.
Aparentemente, el legislador quiere asegurarse de que nadie cace con armas de más de tres tiros, como establece la práctica deportiva. Sin embargo, la ONC replica que, en general, los rifles semiautomáticos tienen cargador móvil y en teoría pueden incorporar más munición. Y en cuanto a las escopetas utilizadas habitualmente para la caza en España, aunque sus cargadores sean fijos y sobre el papel queden limitados a tres cartuchos, también son susceptibles de manipularse con un alicate para aumentar el número de tiros.
Incertidumbre
«La cuestión es que un mismo arma puede emplearse para cazar y también para tiradas de plato o sencillamente para practicar», argumenta Pedro Morras, secretario de la ONC. Esta organización, en la que están representadas la Federación Española de Caza y la Asociación de Cazadores y Pescadores de Euskadi (Adecap), entre otras entidades, cree que el Ministerio del Interior, si persiste en sus intenciones, obligará a un millón de aficionados españoles a la actividad cinegética, de los cuales cien mil tienen licencia en Euskadi, «a prescindir del 80% de las armas que emplean actualmente».
Morras se pregunta, además, cuál será el destino final de las semiautomáticas que, en principio, acabarían siendo ilegales, ya que el texto presentado por el Gobierno también pone fin a las subastas de armas. «¿Habrá que entregarlas a la Guardia Civil para inutilizarlas?», plantea.
Los cazadores se quejan de que el proyecto de reglamento, que debe ser aprobado como un decreto, ha sido difundido en Internet «sin haber hablado antes con nadie y después de haber asegurado que no existía ningún borrador», de acuerdo con la versión del secretario de la ONC. Entre los aficionados, muchos de los cuales tienen dos o tres rifles o escopetas, reina la incertidumbre, ya que no saben si deberán desprenderse de ellas y comprar otras nuevas adaptadas a los cambios normativos (un rifle cuesta entre 2.000 y 10.000 euros, en líneas generales, mientras que las escopetas son más asequibles).
La ONC advierte de que el rigor del Ministerio del Interior no se centra en los cargadores, sino en otros complementos de las armas, y siempre con el propósito de prevenir infracciones de caza. «Se prohíben los visores nocturnos y los silenciadores», detalla Pedro Morras, quien no entiende por qué, a causa de las malas prácticas de una parte de los aficionados, los que cumplen la ley tienen que pagar las consecuencias. «Es como si la Dirección General de Tráfico obligara a poner un limitador de velocidad en todos los vehículos para asegurarse de que unos cuantos automovilistas no rebasen los 120 kilómetros por hora», argumenta.
No sólo los cazadores están inquietos. El malestar reina entre los armeros, que también se han integrado en la Oficina Nacional de Caza. En su opinión, las intenciones del Gobierno -que, por ejemplo, acentúa el control de la Guardia Civil sobre los empleados de las tiendas- son algo más que restrictivas. «Interior ha reunido en una sola normativa todas las restricciones dispersas en las legislaciones de otros países», ironiza Pedro Morras, que acusa al Ejecutivo central de salir a paso de problemas «que aquí nunca se han planteado».
Entre otras limitaciones, Interior ha planteado que cada aficionado sólo pueda tener un máximo de ocho escopetas y rifles. No obstante, lo que alarma a las armerías es que, en el futuro, una licencia de escopeta ya no pueda servir para el 22, un calibre pequeño que de hecho está prohibido para la actividad cinegética. El Gobierno quiere establecer en ese caso una licencia específica de tiro, para lo cual es necesario obtener el carné de la Federación correspondiente y cumplir una serie de compromisos. «Se perdería el 99% de las ventas del calibre 22», vaticina un armero.
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