El asesor jurídico de la
Real Federación Española de
Caza (RFEC), Alonso Sánchez
Gascón, consideró este
miércoles «insuficiente»
que el proyecto de Ley de Parques Nacionales
prorrogue hasta 2020 las actividades
cinegéticas en estos espacios
protegidos porque señaló que
«la caza tiene que ser
permanente» en ellos.
El texto, que debe ser aprobado
definitivamente por el Congreso de los
Diputados, incluye una serie de prohibiciones
en los parques nacionales, como la caza
deportiva y comercial, pero éstas
pueden realizarse hasta 2020 mientras no haya
un acuerdo voluntario entre una
Administración pública y el
propietario del terreno, al que debe indemnizar
para que deje de cazar.
“No me parece bien porque no se
tendría que prorrogar. La caza tiene
que ser permanente y no hasta 2017 ni hasta
2020. La caza, puesto que está
absolutamente controlada por las leyes y los
planes técnicos, se tiene que seguir
permitiendo”, indicó.
Sánchez Gascón
subrayó que, “en los parques
nacionales, se pongan como se pongan y lo
llamen como lo llamen, necesariamente se
tiene que seguir cazando porque si no, que me
digan cómo se controlan las
poblaciones de jabalíes, etc.”,
indicó Sánchez Gascón
en declaraciones a Servimedia.
Señaló que “la
mayoría de las fincas” donde se
permite la caza en los parques nacionales,
principalmente Cabañeros, “el
más representativo” en este
sentido, “están cercadas”
para evitar daños al exterior.
“¿Qué la ley
prohíbe la caza deportiva y comercial?
En mi opinión, es algo inútil
porque llamémoslo como lo llamemos,
hay que cazar. De hecho, los guardas que
quieren están haciendo control de
poblaciones, así que el resultado
último es que, llamándole de
una manera u otra, hay que cazar, y me
parece perfectamente compatible la caza y un
parque nacional”, apuntó.
CRÍTICAS A LOS
ECOLOGISTAS
Sánchez Gascón
criticó a los ecologistas por ser
contrarios a la actividad cinegética en
terrenos privados dentro de un parque
nacional. “En España existe la
propiedad privada y el Código Civil dice
que el propietario del terreno es dueño
del suelo y del vuelo, de manera que si una
administración pública entiende
que no se puede cazar, pues es muy sencillo:
que expropie la finca, pague el justiprecio y
que haga luego lo que quiera”,
opinó.
Por último, destacó que en
España “no se puede cazar de
otra manera distinta” a como viene
reflejado en cada ley autonómica y
cada coto cuenta con un plan técnico
que recoge “el número de
capturas que hay que hacer cada
año”.
“Ese plan técnico lo aprueba
la administración pública, de
manera que ya puedes ser la persona
más poderosa del mundo que si eres
titular de un coto de caza no tienes
más narices que ceñirte a la ley
y al plan técnico de caza de esa
finca”, concluyó.