La Junta de Castilla y León ha dejado sin efecto la orden de ayudas a la realización de mejora en los cotos de caza. Una subvención a la que se acogen buena parte de los acotados empeñados en consolidar un buen hábitat cinegético sembrado cultivos, construyendo bebederos y adecuando majanos y resguardos.
La suspensión, que viene motivada «por falta de crédito», el impacto de la crisis y la voluntad de reducir el déficit público, ha comenzado a tener su efecto más allá de la mera consolidación de los terrenos como escenarios cinegéticos, pues también rebaja el interés de los arrendarlos.
«Pinta mal para la caza», expresa el delegado provincial, José Antonio Prada, que destaca «la precariedad» en la que se encuentran algunos acotados, situados en una posición de jaque por causa del pago de accidentes de tráfico y el coste de los seguros.
Este más que recorte, porque es una supresión, viene a sumarse, además, al de las ayudas para guardas de campo, considerado «fundamental» para preservar y conservar la caza.
«La importancia de estas subvenciones de la Junta de Castilla y León lo demuestra el hecho de que algunos cotos eran arrendados con los derechos de las posibles mejoras de actuación sobre el terreno» manifiesta un gestión cinegético, para quien la falta de subvenciones «puede acarrear, no sé si la rescisión de contratos, pero si la bajada del precio porque las ganancias serán inferiores».
Prácticamente todos los cotos se acogían a estas ayudas, que permitían desjarar y realizar labores de desbroces, sembrar para proporcionar alimento, bebida y acomodo a las especies de caza, expresa el gestor Víctor Casado.
La Consejería de Medio Ambiente dejó sin efecto la orden por la que convocaba las ayudas el pasado día 23 de septiembre.
Justifica la supresión en que, según la Ley, «el otorgamiento de una subvención debe cumplir, entre otros requisitos, el de la existencia de crédito adecuado y suficiente para atender las obligaciones de contenido económico que se derivan de la concesión de la subvención». Y por otro, subraya que «la actual crisis económica ha dado lugar a un importante incremento del déficit público, que ha obligado a los distintos gobiernos a adoptar medidas drásticas y urgentes tendentes a contener y reducir el mismo».
La subvención suspendida es calificada «de interesante», porque además «salía rentable incluso para los que mandaban realizar las labores de campo». Según precisa un gestor de cotos, «servían para rentabilizar alguno acotados a los que no les salían del todo bien las cosas con la sola venta de las tarjetas o de las piezas de caza».
«Los cotos necesitan las siembras y los cuidados, tanto los de caza mayor como los de menor. Ahora tendrán que hacer un esfuerzo económico» explica Prada, que incide que «algunos sitios está muy en precario por los accidentes en carretera, que van a más». Precisa que «hay algunos que ya no encuentran quien les hagan el seguro, y otros que andan con el seguro integral, un seguro que suscriben los agricultores, pero que luego repercute en los cotos el pago de los daños.
El delegado provincial de caza aventura un futuro complicado, y sostiene que «si no se gestionan los cotos, y se abandonan, habrá más vedados y más problemas con los accidentes de tráfico. Y cuanto más se abandone el control con la caza, más animales y más accidentes».
No todos los gestores cinegéticos desaprueban la supresión de las subvenciones a la mejora de los cotos. Hay quien afirma que « las ayudas eran un mamoneo para cuatro, y siempre los mismos». Aseguran que el sistema de subvenciones «no funciona y el caso es coger dinero».
Medio Ambiente señala en la orden de supresión que «en el marco general de reducción del déficit público, resulta imprescindible revisar las distintas actuaciones puestas en marcha por la Consejería de Medio Ambiente y reducir o eliminar, en su caso, las partidas de gasto tanto del presupuesto en vigor como de ejercicios futuros destinadas a su financiación». En pocas palabras, ante la falta de disponibilidad presupuestaria en la aplicación correspondiente a este concepto, se hace necesario dejar sin efecto dicha convocatoria.
La consejera de Medio Ambiente, María Jesús Ruiz, ha resuelto, además, respecto a las solicitudes presentadas con anterioridad a la aprobación de la presente Orden, «proceder a su archivo sin más trámite, por haber quedado sin objeto su pretensión».
«No llegaban casi nunca. Nunca había dinero para todos los cotos. Si algunos tuvieran que vivir con las ayudas estaríamos apañados» expresa el responsable de un coto, que asegura que la mayoría de las veces que solicitó la subvención vio desestimada su petición.
Critica, además, que si la Junta de Castilla y León «no pagan los daños de los accidentes de la fauna ni de los cultivos, que es lo mínimo, cómo van a dar ayudas».
José Antonio Prada defiende estas ayudas y declara que «no se puede abandonar a su suerte a los cotos». Pone de manifiesto que «las zonas rurales son una parte importante del territorio y con estas medidas se agudiza la despoblación y no se consigue la fijación de las personas».
Contra la presente Orden, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso contencioso administrativo ante la Jurisdicción Contenciosa Administrativa en el plazo de dos meses.
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