La caza está prohibida desde hace años en el término municipal de El Prat de Llobregat. Pero esa restricción se la saltan varias decenas de cazadores que aprovechan permisos especiales de la Generalitat para utilizar armas de fuego en espacios naturales como los del Delta del Llobregat, el humedal más relevante de la provincia de Barcelona.
27/08/2016 | El Mundo | HÈCTOR MARÍN
En pleno Parc Agrari del Baix Llobregat, pulmón y despensa de Barcelona, cazadores disparan contra palomas torcaces, faisanes y patos desde hace al menos cuatro años, incluso en las zonas protegidas, durante la época de cría y sin un proceso de control transparente de sus actividades.
Depana pide la apertura de una investigación al Síndic de Greuges para aclarar la «falta de transparencia» en la tramitación, la gestión y el control de la caza que se lleva a cabo en el Delta del Llobregat. El Departament de Medi Ambient de la Generalitat concede -a instancias de los agricultores- permisos excepcionales de caza para evitar que las aves se zampen la cosecha. «De excepción pasaron a norma», critican desde la plataforma SOS Delta del Llobregat, que se pregunta qué producción pueden comerse en pleno verano y sitúa en decenas de miles el número de pájaros y otros animales abatidos. Lleva casi 35.000 firmas recogidas en una campaña en internet (Change.org) para instar a la Generalitat a que acabe con la caza de aves en el Delta. La entidad ecologista, que califica de «excusa» unas «supuestas pérdidas agrícolas» que «no tienen que demostrar», pretende evitar que el espacio natural «se convierta en el coto privado de cazadores que quieren evitar desplazarse» del área metropolitana.
En el territorio de El Prat, las batidas se realizan a plena luz del día frente al merendero de la Granja Torres, en Cal Dominguet. Se trata de zonas transitadas por las que pasean a diario viandantes y ciclistas. «Ha habido incidentes, como lluvias de perdigones sobre ciudadanos y coches: ¿hemos de esperar a que haya heridos para hacer algo?», lamentan desde la entidad. La proximidad a las pistas del aeropuerto de El Prat puede ocasionar que las aves escapen de los tiros entrando en la zona de seguridad, con el peligro que eso comporta para los aviones, critican.
La plataforma SOS Delta subraya que se ponen en peligro especies protegidas «porque se hace dentro de ecosistemas sensibles, sin control de las especies que se cazan». Asegura que han logrado casi la extinción del ánade real, que ha pasado de 3.123 ejemplares en 2002 a los 191 de 2015.
Los ambientalistas lamentan que los permisos supuestamente excepcionales se perpetúan durante todo el año en espacios protegidos sin el pertinente aval científico. En Depana han llegado a observar que en algunos campos de cereales se dejan una parte sin coger «para disponer de un comedor de atracción de aves a las que abatir masivamente, pese a que ya no causan daños al cultivo». El vicepresidente de Depana, José García, lamenta que «estas fincas se han convertido, más que un coto de caza, en fincas de tiro al pichón».
La entidad pide a la Generalitat una moratoria en los permisos «hasta que no se realice un estudio científico» del impacto ambiental y social de estas medidas. La entidad presentó una denuncia ante la Comisión Europea por la gestión «desastrosa» y los efectos de la caza en el Delta.
Estas prácticas han levantado suspicacias entre cazadores de El Prat que alertan que pone en peligro la supervivencia de las especies porque la muerte de los progenitores deja a su suerte a las crías. Critican también la «eternización» de los permisos de caza.
La actual normativa, «oscura» según Depana, establece que los agricultores del Parc Agrari del Baix Llobregat que prevén pérdidas, o bien ya las han tenido por culpa de aves y otros animales, deben avisar a los Agents Rurals, encargados de certificar el permiso de caza. Son los mismos payeses los que escogen a los cazadores que harán la batida de entre una lista de 150 nombres autorizados por la Generalitat con anterioridad. SOS Delta critica que el sistema actual permite a los agricultores obtener los permisos de caza sin justificar los daños sufridos, lo que incumple varias directivas comunitarias y leyes españolas.
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