Las quejas del colectivo de
agentes medioambientales de la Generalitat
Valenciana por su desprotección
durante la labor de persecución de la
caza ilegal con «parany» no son
nuevas.
De hecho, los forestales lamentan que se
sienten desamparados ante la propia
Generalitat, a la cual acusan de entorpecer su
labor de vigilancia y posicionarse en defensa
de la caza con «parany», incluso
a pesar de las sentencias del Tribunal Europeo
y del Tribunal Constitucional.
No obstante, en casos de violencia la
Justicia ha actuado de forma contundente y el
Juzgado de lo Penal Número 3 de
Castelló ya sentó precedente en
2012 al condenar por primera vez a un
«paranyer» a prisión por
delito de caza ilegal contemplado en el
artículo 336 del Código Penal y
agresión a agentes de la autoridad. La
sentencia penó a este cazador
castellonense a una multa de 1.400 euros por
caza ilegal y a la inhabilitación para la
práctica cinegética durante el
periodo de un año. Además, la
actitud violenta del acusado ante los agentes
de la Guardia Civil suscitó una condena
adicional a un año y seis meses de
prisión por sendos delitos de atentado
y de lesiones, así como una
indemnización de 3.600 euros a los dos
guardias civiles por lesiones que necesitaron
hasta un mes de rehabilitación.
Cargando...