En todos los aspectos de la vida, antes de adoptar medidas drásticas hay que armarse de razones y contar con datos y pruebas contundentes. Es sorprendente observar, una y otra vez, la reacción y las soluciones de la Junta de Castilla y León en el tema de los animales encontrados muertos por venenos (productos fitosanitarios agrícolas). La estrategia legal de la Junta para poder cerrar los cotos, de forma unilateral y sin prácticamente dar explicaciones a nadie, es utilizar los recursos que la ley ofrece a la Administración para suspender la caza por motivos de protección de la naturaleza ante sucesos medioambientales extraordinarios. Así, se consigue el objetivo deseado de castigar a los cotos sorteando el necesario procedimiento sancionador que obligaría a buscar y hallar responsables, y sobre todo a demostrar su culpabilidad.
Lo curioso es que estas suspensiones de la caza nunca se producen por otro tipo de sucesos extraordinarios incluso más dañinos para la naturaleza, y nunca se han realizado cuando estas situaciones se plantean en las reservas regionales gestionadas por la Junta.
De esta forma, leemos declaraciones contradictorias de nuestra Administración. En teoría se suspende la caza para recuperar las especies pero al mismo tiempo se nos dice que con estas medidas “la actitud frente al veneno cambia a mejor”, “se ha comprobado que la medida tiene un efecto disuasorio”. A esto se añade que una vez suspendida la caza se espera del titular del coto que además colabore realizando actuaciones de mejora del medio y que siga pagando las tasas y los daños que provoque la caza.
Las medidas de suspensión de la caza, además de avasallar los derechos de los cazadores provocándoles una indefensión total, son inútiles para la recuperación de las especies dañadas (normalmente no cinegéticas), y son remedios malos cuando ya se ha producido el daño. ¿No sería mejor prevenir que tratar de curar con aceite de ricino?
La Fundación para la Defensa de la Naturaleza y la Caza (FEDENCA), después de financiar y publicar diversos estudios científicos sobre la rarificación de las especies objeto de caza y sus predadores habituales ha constatado una triste realidad; según aumentan las demandas del consumidor sobre los productos agrarios, sobre su presentación y calidad visual (que no real), aumentando la producción para rentabilizar cada vez más las explotaciones agrarias y con mayor velocidad que adaptación, se va empobreciendo nuestro hábitat natural. Disminuye alarmantemente todo tipo de vida asociada a los cultivos. Antes había malas hierbas e insectos, buenos y malos, en los campos, ahora estos terrenos se encuentran desprovistos de toda vida animal, sin insectos, sin pájaros, sin fauna de ningún tipo pero con rendimientos y aspecto demandados por el consumidor, obligando al agricultor al empleo de cada vez más eficaces productos químicos.
La química en sí misma puede no ser mala, pero aplicada sin ética ni moral, en vez de contribuir a una mejor calidad de los alimentos, envenena sistemática y acumulativamente todo lo que toca.
Como una enfermedad, estos productos, impuestos por las exigencias actuales de la producción agrícola, están atacando la vida en nuestros campos, contribuyendo a la rarificación y desaparición de especies. Se deben emprender en España las medidas que ya están tomando otros países de la Unión Europea, en los que productos como el imidacloprid o la clotianidina, que han sido causantes de la desaparición de abejas y otros insectos, imprescindibles en la polinización de nuestros campos y ayudantes esenciales en el desarrollo vegetal, han sido prohibidos.
Como han demostrado las pruebas y estudios científicos realizados por FEDENCA, las perdices alimentadas con semillas de siembra tratadas con estos productos mueren en un 100%, y son productos como estos los que se utilizan para evitar deterioros en los cultivos por ataque de insectos.
En realidad, la calidad real de los productos casi siempre está reñida con la imagen. Una manzana recogida del árbol del huerto familiar tendrá sabor y frescura suficiente, pero nunca podría ser vendida en el mercado por falta de calibre o uniformidad en el producto. Es el consumidor quien está obligando a nuestros agricultores a cambiar el sentido del producto y es la industria agroquímica la que le proporciona los productos necesarios que contaminan nuestros campos y ríos y empobrecen nuestra biodiversidad.
Sin embargo, las santificadas organizaciones de ecologistas, naturalistas y demás grupos y la Administración ya han encontrado los culpables del deterioro del medio. Ni agricultores, ni industrias químicas, los culpables del veneno en el campo son los cazadores, que pagan mucho y protestan poco.
No queremos volver a sacar una vez más, por repetitivo, el asunto de los venenos sembrados masivamente por la Junta contra los topillos. Los cazadores sólo queremos recoger la cosecha anual de las especies que cuidamos y dejar de pagar los platos rotos ajenos. Como en todos los colectivos, también en el nuestro se encuentran seres miserables sin paliativos a los cuales hay que erradicar. Que paguen con su patrimonio y con cárcel si es preciso, pero una vez declarados culpables. Y que paguen todos, de uno u otro colectivo.
No vamos a consentir que se siga permitiendo el uso de fitosanitarios letales mientras se siguen tomando medidas radicales y equivocadas contra los cazadores.
Ofrecemos nuevamente nuestra colaboración, primero con el mundo de la agricultura; cazadores y agricultores se solapan en sus aprovechamientos y es necesario utilizar las sinergias de ambos en la conservación del medio; colaboración con la Administración en el mantenimiento y fomento de la riqueza natural; pero sobre todo exigimos una mejor regulación del sector de la industria química, necesaria para la producción de alimentos para la Humanidad pero siempre a través de productos de contrastada calidad y respeto medioambiental.
«En una mano la azada y en la otra la espada»
Federación de Caza de Castilla y León
Cargando...