Manuel Aranda, delegado de la
Federación de Caza de Castilla-La
Mancha en Ciudad Real, una de las provincias
en las que está más extendida
la caza de la perdiz con reclamo en peligro de
ser firme la reciente sentencia del Tribunal
Superior de Justicia de Castilla-La Mancha,
argumenta en contra de lo que dicen los
ecologistas que está modalidad, que
sólo se practica en unos pocos cotos y
está sometida a muchos controles, es
perfectamente sostenible con el ciclo natural
de la perdiz roja.
“El reclamo bien cazado es una caza
muy difícil en la que se abaten muy
pocas piezas”, subraya Aranda.
De hecho esta temporada, en la que la
climatología está siendo mala,
apenas se está cazando (la veda de la
perdiz con reclamo se levantó el 24 de
enero y se puede cazar hasta el 6 de
marzo).
Además Aranda, cuya
organización junto a Aproca,
recurrirá la sentencia ante el Tribunal
Supremo (están en plazo), cree que la
Consejería de Agricultura les “en
su momento no hizo las alegaciones
correspondientes”, ante las pretensiones
de los grupos ecologistas integrados en la
Asociación Castellano-Manchega para la
Defensa del Patrimonio Natural (Acmaden)-
Ecologistas en Acción.
Sobre esta primera victoria de los
conservacionistas, que confían en que
esta sentencia marque un precedente en otras
comunidades (ellos no quiere que se cace en
época de reproducción de las
aves), la Consejería de Agricultura no
se ha pronunciado oficialmente, si bien el
sector cinegético entiende que deben
recurrir puesto que el recurso en lo
Contencioso-Administrativo es contra su propia
orden de caza y vedas de 2011 y el decreto
257/2011 que modifica el reglamento.
Aranda no es cazador de perdiz mediante
el reclamo de un macho domesticado en la
época de celo, pero considera que
tanto Ciudad Real como Toledo y Albacete,
“son la cuna del reclamo, una de las
modalidades más antiguas de caza:
esto no se puede prohibir”.
Sobre las sentencias que dan
“parcialmente” -insiste el sector-
la razón a los ecologistas, Aproca y la
Federación de Caza difundieron ayer un
comunicado en el que critican el fallo porque
consideran que “se han tenido en cuenta
informes y estudios realizados por los propios
grupos ecologistas, absolutamente dirigidos y
sin base científica, carentes de trabajo
de campo y no actualizados”.
Y lamentan “que no se hayan
tomado en consideración los
desarrollados por equipos de
investigación independientes y que
fueron presentados en el proceso judicial por la
Junta, Aproca y la Federación de
Caza”.
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