No, esto no es lo que queremos

Esto supondrá un antes y un después en el mundo de la caza. Los parques nacionales pasarán a ser un terreno vetado a la caza, según lo establecido en la Ley 30/2014 de Parques Nacionales. Desde mañana, quedará prohibida en esos espacios la pesca deportiva, la pesca recreativa y la caza.

Con la entrada en vigor de tal prohibición, será la administración la que tendrá que contratar cuadrillas, previo pago, para el control de poblaciones, algo que para los cazadores es «un despropósito» que se tengan que afrontar ese coste económico en indemnizaciones, especialmente en la situación de crisis provocada por el coronavirus.

Hasta el día de hoy, los controles son realizados por los cazadores cubriendo los gastos de sus bolsillos sin que la administración tenga que asumir ni un solo céntimo de euro. La Fundación Artemisan afirma que al contrario «a día de hoy son los cazadores los que realizan importantes inversiones económicas para el control de especies, generando ingresos para la administración a través de licencias y otros trámites, así como riqueza económica para las poblaciones del entorno». Además, alerta de que «de no hacerlo se podría producir un verdadero desastre medioambiental, que incidirá directamente en la flora protegida y en la expansión de enfermedades como consecuencia del exceso de poblaciones». Quién avisa, no es traidor…

La Fundación y diferentes asociaciones del sector, llevamos alertando de que la entrada en vigor de dicha ley acarreará, además, un importante impacto negativo sobre la economía de la zona.

La gran mayoría de estos Parques Nacionales se encuentran en la España Vaciada, pueblos rurales donde en las últimas décadas han emigrado miles de jóvenes y, por tanto, ha quedado envejecida y casi despoblado. La escasa población que se mantiene en los pueblos de la zona vive del campo, de la ganadería y, por supuesto, de la economía que se mueve alrededor del sector cinegético.

Por ende, la prohibición de la caza en los parques nacionales supondrá un gran impacto económico en unas comarcas que, además, ya están afectadas por la despoblación rural. Y es que la caza es un sector de enorme importancia en España, hasta el punto de que tal y como refleja el informe publicado por la Fundación y la consultora Deloitte, aporta 6.475 millones de euros al PIB de España y supone el mantenimiento de más de 189.000 empleos.

Los propietarios de las fincas de caza suprimirán o reducirán las inversiones en gestión cinegética lo que provocará un aumento del desempleo y afectará de forma directa a la economía de la zona. Además de muchos empleos: Pequeñas empresas locales de hostelería y restauración, gasolineras, rehalas, empresas dedicadas a la compra de carne, taxidermias, veterinarios y muchos puestos de trabajo fijos y eventuales desaparecerán, lo que provocará más desempleo y, por supuesto, más abandono del medio rural, precisamente en un momento como el que vivimos en el que el país necesita que todos sus recursos sean debidamente aprovechados. En fin…

La segunda consecuencia directa será la medioambiental. Si no se caza aumentarán de forma descontrolada y desproporcionada las poblaciones de ciervos, jabalíes o cabras en la zona. Una superpoblación de estas especies podría tener consecuencias perjudiciales para la flora, ya que se alimentarían de gran parte de esas plantas protegidas e incluso podrían acabar con ellas.

Así mismo, todo ello podría derivar en la aparición de zoonosis como sarna o tuberculosis, como de hecho ya está ocurriendo en Espacios Naturales Protegidos o Parques Nacionales como Guadarrama o en las áreas públicas de Cabañeros donde actualmente ya existe una limitación de la actividad cinegética.

Otra consecuencia de la prohibición de cazar en parques nacionales vendrá provocada por los daños a la agricultura y a las repoblaciones forestales, produciéndose un aumento de accidentes de tráfico por colisión con fauna silvestre y la transmisión de enfermedades a animales domésticos y personas.
En definitiva, que prohíban la caza no significa que no se sacrifiquen animales, eso sí, ahora lo pagamos todos los españoles, mientras que los cazadores, lo costeamos de nuestros bolsillos. Que el impacto medioambiental va a ser de daños muy difíciles de reparar, en cuanto a flora y fauna de espacios protegidos, pero parece que les trae sin cuidado. En cuanto a lo económico, ha quedado completamente demostrado que muchos pueblos y sus habitantes, están abocados a la ruina.

¿Y luego? Luego nos echaremos las manos a la cabeza una vez más.

Fuente. as.com